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Latinoamérica

26 entidades del Estado colombiano denunciadas por desastre ambiental en el río Atrato

10-02-2015

El 27 de enero de 2015 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca recibió una caravana de abogados y líderes comunitarios a los que no les cabían en las manos los 26 bloques de papel de 514 páginas. Los documentos contenían las copias de la acción de tutela que interpondrían en contra de 26 entidades del Estado colombiano, entre ellas los ministerios de Ambiente, de Minas y de Salud, las gobernaciones de Antioquia y Chocó y las alcaldías locales.

Esa tutela, que fue admitida el mismo día por el juzgado, resume la voz de por lo menos 75.000 afrodescendientes que están pidiendo que los gobernantes de Colombia se ocupen del desastre ambiental en la cuenca del río Atrato, en el Chocó. El territorio del que dependen estas familias está siendo arrasado por la maquinaria minera y su obsesión por el oro y el platino, las enfermedades relacionadas con la contaminación del agua, la tala indiscriminada y la ausencia del Gobierno. Los afluentes del Atrato han sido desviados por dragas y buldóceres, el agua concentra elevadas dosis de mercurio, los peces se mueren por multitudes y la gente enferma se multiplica.

A pesar de los esfuerzos por visibilizar los problemas que afectan la cuenca completa del río Atrato, que vienen empeorando desde hace diez años, las cuatro acciones populares interpuestas, desde 2011, continúan sin ser resueltas. No se han escuchado los llamados de la Contraloría local y tampoco los de Codechocó, autoridad ambiental. Nadie ha respondido a los detallados informes en los que la Defensoría del Pueblo ha descrito cómo la gente se está intoxicando con el agua que beben en Lloró, Atrato, Istmina y Pizarro, y cómo se están muriendo los niños en Buena Vista, Bajo Grande y Quiparadó.

Dañada la tierra que les pertenece

Pero los afros no se cansan de insistirle al Estado que intervenga, y no se cansan porque saben que lo que está en juego es su alimentación, la tierra que les pertenece y les heredarán a sus hijos. Así que como respuesta a esa indiferencia, y mediante un proceso de organización social sin precedentes en el Chocó, dos consejos comunitarios de afrodescendientes —el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca) y el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia)—, dueños de 768.300 hectáreas ubicadas sobre toda la cuenca del Atrato, se unieron al Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch) y a la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (Ascoba) para interponer una acción de tutela con la que le están exigiendo al Estado que les garantice el derecho a la vida y al ambiente sano.

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