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300 funcionarios destinados a combatir el fraude en subvenciones comunitarias sólo recuperan 691 millones de euros

03-07-2012

En Bruselas lo presentan como un éxito contra los defraudadores en subvenciones comunitarias (especialmente en los fondos estructurales que representan casi el 90% de lo recuperado), pero la cifra, 691 millones de euros, resulta ridícula. El presupuesto anual de la Unión Europea ascendió en 2011 a 142.000 millones de euros, que equivale al 1% de la riqueza que generan cada año los países miembros. El español Luis López Sanz-Aranguez, que formó parte del comité de supervisión de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), es partidario de una Fiscalía Europea para actuar con más diligencia.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), contaba con un presupuesto anual de 58,2 millones de euros en 2011 y 437 empleados. Casi 300 están dedicados en exclusiva a combatir la picaresca en las subvenciones. La media de lo recuperado arroja 25, 59 millones de euros en cada país de los 27. Cada funcionario ha recuperado de media casi dos millones de euros. Además de la fiscalización del OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo audita las finanzas de la UE, pero su papel consiste en informar sobre el uso dado a los fondos públicos, pero no tiene competencias. Si sus auditores descubren fraudes o irregularidades lo hacen saber.

El personal de la OLAF verificó –según el informe anual– 463 denuncias en 2011 (apenas una denuncia y media por funcionario), de las cuales 122 estaban relacionadas con personal de la UE, 89 con el sector agrícola, 67 con la ayuda externa de la UE, y 64 con los fondos estructurales. De los fondos estructurales, cuyo presupuesto anual ronda los 33.000 millones de euros, se han recuperado 524,7 millones de euros en subvenciones fraudulentas; en aduanas, 113,7 millones (sobre todo por contrabando de tabaco e irregularidades con las tasas arancelarias) y en agricultura, con un presupuesto anual cercano a los 50.000 millones de euros, tan sólo se han recuperado 34 millones de euros por prácticas fraudulentas.

Entre las denuncias lanzadas por la OLAF, hay una contra España, “que ha proporcionado la evidencia necesaria para la recaudación de los derechos de importación evadidos cifrados en 32 millones de euros”. Pero este fraude es compartido con Bélgica, pillada también in fraganti. Entre las misiones encomendadas a la OLAF, con poco éxito, está la lucha contra el contrabando de cigarrillos. Un combate de David contra Goliat. Según la firma KPMG, el consumo de esos cigarrillos, comprados fraudulentamente, en la Unión Europea alcanzó los 65.300 millones de euros (el 10,4 % del total), en 2011.

En 2010 un español formaba parte del comité de supervisión de la OLAF y fue presidente del Comité de Vigilancia. Se trata de Luis López Sanz-Aranguez, fiscal del Tribunal Supremo, quien defiende la necesidad del establecimiento de una Fiscalía Europea, así como la necesidad de que ésta utilice todo el conocimiento y experiencia hasta ahora acumulados por la OLAF, como oficina encargada de realizar las investigaciones administrativas relacionadas con el fraude a los intereses financieros de la Unión.

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