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Académicos ilustres de Economía marcan las líneas rojas de la Constitución de Chile

08-12-2015

A casi dos meses de que la presidenta de la República, Michelle Bachelet, anunciara los plazos para modificar la Carta Magna, la iniciativa fue eclipsada en la discusión pública y académica por el escándalo de la colusión de las empresas CMPC y SCA Chile. Sin embargo, el tema volvió a ser portada durante la semana pasada, cuando la jefa de Estado dio a conocer los 17 integrantes del Consejo Ciudadano de Observadores del proceso constituyente.

Más allá del debate sobre el mecanismo y el cronograma de los eventuales ajustes, uno de los tópicos relevantes en el análisis serán las implicancias económicas de un cambio a la Carta Fundamental.
Aquí, aparecen inevitablemente aspectos como el derecho a la propiedad privada, la subsidiariedad del Estado e, incluso, la autonomía del Banco Central.

Puntos que deberían mantenerse inalterables en la nueva Constitución. Así lo plantean los decanos de Economía y Negocios de las universidades de Chile, Manuel Agosin; Católica, José Miguel Sánchez; Adolfo Ibáñez, Manola Sánchez; Los Andes, Claudio Lucarelli; y Diego Portales, Fernando Lefort.
U. de Chile: “El derecho a la propiedad no debe acotarse por ningún motivo”

– ¿Qué impacto podría tener a nivel de la actividad económica, específicamente la inversión, el cronograma para discutir la nueva Constitución? ¿Aumenta la incertidumbre para el sector privado?

– Se ahonda la incertidumbre para los inversionistas, no sólo por el largo cronograma (tres años) sino por la falta de contenidos en la propuesta gubernamental.

– ¿Qué temas dentro de la constitución relacionados con materias económicos son perfectibles?

– Ninguno. El derecho a la propiedad no debe acotarse por ningún motivo, fuera de aquellos que ya existen en la Constitución.

– ¿Qué temas deberían mantenerse?

– Como ya lo expresé, es muy importante no coartar el derecho a la propiedad. Tampoco se debiera abundar en derechos sociales exigibles por los ciudadanos, que luego queden en el papel y se presten para disputas sempiternas, y demandas de mayores impuestos. En una sociedad democrática, esos derechos son asuntos políticos que se debaten en las instancias políticas apropiadas y a los cuales se les asignan recursos tributarios específicos; no son temas que se deban judicializar al darles rango constitucional.

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