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Amnistía Internacional alerta de la criminalización de los ambientalistas en Guatemala

01-09-2016

Los defensores del medioambiente y la tierra en Guatemala son víctimas de estigmatización social y criminalización judicial, lo que “eleva aún más el riesgo” que enfrentan de ataques y otras formas de violencia, alertó hoy Amnistía Internacional (AI).

“Amnistía Internacional pudo constatar que en Guatemala persiste un discurso que busca estigmatizar” a los defensores del medioambiente, quienes son tildados de “terroristas, opositores y enemigos del Estado” por sectores de poder económico y político e incluso por autoridades del Gobierno.

En ese contexto, que busca “desacreditar” el trabajo de los activistas, “los ataques, agresiones y amenazas” en su contra “arrecian o incrementan su intensidad”, alerta en su informe la ONG global en su informe “Defendemos la tierra con nuestra sangre”.

Atribuye la situación a que en el país continúa la doctrina del “enemigo interno”, surgida durante el conflicto interno que terminó en 1996 tras 30 años, que “se manifiesta actualmente a través de la categorización” de los activistas por el medioambiente “como opositoras, enemigas del Estado e incluso terroristas”.

“Se trata de lenguaje omnipresente (…) autoridades de Guatemala han contribuido a la estigmatización de las personas defensoras”, aseguró Amnistía en su informe.

Resaltó que las autoridades tienen la obligación de no poner en peligro a grupos vulnerables, entre ellos los ambientalistas, y que “es crucial que se abstengan de realizar declaraciones dirigidas a estigmatizar o desacreditar a personas defensoras y a sus organizaciones”.

Las declaraciones dirigidas a crear estigma merman el principio de presunción de inocencia y el derecho al debido proceso” de los activistas de derechos humanos “cuando son denunciadas o procesadas por los supuestos delitos que se le atribuyen”, dijo Amnistía.

“Esta criminalización a través del sistema de justicia está dirigida a la desarticulación de los movimientos y organizaciones, a desgastar a los defensores y a sacarlos de la arena pública”, aseveró.

En su informe, Amnistía aseguró que pudo “constatar el mal uso del sistema de justicia penal en Guatemala mediante la apertura de procesos judiciales infundados como una forma de intimidar y desgastar a defensores y defensoras de derechos humanos”.

Mientras los casos penales contra activistas por la tierra y el medioambiente “avanzan, la impunidad es la regla general en los casos de amenazas y agresiones en su contra”, alertó la ONG global.

Explicó que es frecuente que las investigaciones por amenazas y agresiones contra activistas de derechos humanos tomen 5 años o más.

“La falta de identificación de los autores materiales e intelectuales de los ataques y amenazas contra personas defensoras envían el mensaje de que éstas pueden ser atacadas sin temor a las consecuencias”, denunció Amnistía.

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