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Latinoamérica

Argentina plantea inversiones mínimas de 250 millones de dólares en las petroleras

03-10-2014

Los senadores del Frente para la Victoria consiguieron el dictamen de mayoría para el proyecto que busca reformar la Ley de Hidrocarburos. El plenario de comisiones, presidido por Marcelo Fuentes, firmó el despacho luego de seis horas de reunión, donde participaron la secretaria de Energía, Mariana Matranga, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, y algunos ex secretarios de Energía, como Jorge Lapeña y Daniel Montamat. La iniciativa será tratada en el recinto el próximo 8 de octubre. La oposición rechazó la reforma y algunos bloques, como el de la UCR, anunciaron que presentarán un dictamen en minoría.

El objetivo de este nuevo marco legal, consensuado entre el gobierno nacional con todos los gobernadores que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), es conseguir nuevas inversiones para explotar el potencial de estos recursos en el país, tanto los convenciones como el shale. El proyecto establece nuevos plazos para las concesiones, ampliados y diferenciados según el tipo de explotación. En este sentido, se habilitarán concesiones de 25 años para los yacimientos convencionales, 35 años para los no convencionales y 30 años para los desarrollos en la plataforma marítima argentina. Las provincias podrán otorgar prórrogas de 10 años a las empresas que cumplan con las inversiones.

“Lo que vale es la inversión. Se acabó la especulación de la inversión inmobiliaria, porque no les conviene ni a la provincia ni a la Argentina. Tienen que poner la plata. Tienen que invertir los grandes actores de la actividad petrolera. Cuando hablan de Chevron, hablan del 1,5 por ciento de toda el área de Vaca Muerta. Necesitamos muchos Chevron. Tiene que ser una política de Estado que la podamos mantener en el tiempo”, resaltó Miguel Angel Pichetto, titular del bloque del FpV.

Plazos más cortos para los permisos

Por otro lado, la nueva normativa establece plazos más cortos para los permisos con la finalidad de incentivar las inversiones en la etapa de exploración, las cuales no podrán ser inferiores a 250 millones de dólares, en todos los casos. Para adjudicar las concesiones, el texto establece un mecanismo de licitación competitiva, de modo de otorgarlas a las empresas que ofrezcan la mayor inversión. “En ningún lugar, el proyecto de ley trata la apropiación de renta que corresponde a las provincias. El Estado nacional puede apropiarse de una porción a través de retenciones a las exportaciones. El proyecto no deja zanjada la discusión de las regalías”, cuestionó Montamat, funcionario del área de Energía (1999-2000) y ex presidente de YPF durante el gobierno de Alfonsín.

Por su parte, la actual secretaria de Energía esbozó su apoyo a los recursos no convencionales. “El mundo está presenciando el agotamiento del gas natural, el último recurso no renovable en energía, pero lo que no se conocía hasta hace muy poco es que estos recursos son físicamente extraíbles, porque se tiene la tecnología para hacerlo”, explicó Matranga. Otro de los puntos centrales de la norma tiene que ver con las nuevas licitaciones. El proyecto suprime las reservas de áreas, mientras que las empresas provinciales “podrán participar en la etapa de desarrollo de los proyectos de acuerdo a su inversión”. Este fue uno de los puntos más peleados del proyecto.

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