Cantabria adjudica un contrato millonario en mascarillas a Francisco Torroba, empresario del taxi y vehículos VTC

El empresario Francisco Torroba Tejedor, que opera en el sector del taxi y en el alquiler de vehículos privados con conductor en la Costa del Sol, es el adjudicatario, a través de Torroval y Lopez Servicios Profesionales SL, de un contrato millonario en mascarillas por parte del Gobierno de Cantabria. La comunidad que preside Miguel Ángel Revilla le ha otorgado, a petición del Servicio Cántabro de Salud, el suministro de mascarillas FFP2 con destino a los centros periféricos. El presupuesto base de licitación sin impuestos asciende a 1.100.000 euros. La fecha del acuerdo de adjudicación es del pasado 8 de enero y en el mismo se especifica que es la “mejor oferta relación calidad-precio para los intereses de la Administración”.

La Celosía trató de obtener la explicación de Francisco Torroba Tejedor sobre las razones por las que a una de sus dieciséis empresas, en principio ajenas a sus labores habituales como empresario, le ha sido otorgado un contrato sanitario. “Está de viaje hacia Madrid”, fue la respuesta de su mujer. Si se pronunció al respecto Juan Carlos Rey, subdirector del Servicio Cántabro de Salud. “Si investigas el asunto, verás que esa empresa ha modificado su objeto social y cumple todos los requisitos legales, de lo contrario no habría resultado adjudicataria del contrato”.

Tras la pandemia centenares de empresas

han cambiado su objeto social

El pasado 29 de mayo Torroval y Lopez Servicios Profesionales SL incluía como nuevo objeto social “el comercio al por mayor de toda clase de productos de higiene y de protección individual, así como de artículos sanitarios en general, así como el comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico”. Pero sigue manteniendo entre sus actividades el transporte terrestre de pasajeros. Desde el inicio de la pandemia hace un año centenares de empresas han cambiado su objeto social o se han reciclado para acceder a los contratos millonarios del COVID-19.

“En Málaga, varias sociedades pantalla (interpuestas) vinculadas a una empresa de VTC han adquirido al menos doce licencias de taxi, aplicando a sus conductores condiciones que, según una denuncia del sindicato CGT, son irregulares. Jornadas de 12 o más horas al volante. “Un salario declarado de 1.030 euros al mes y el resto en negro”; “pago a medias de las cotizaciones de la Seguridad Social”; “conducción indistinta de un taxi o de un vehículo con licencia VTC…”. CGT ha puesto en conocimiento de la inspección de trabajo estos presuntos abusos laborales”, según informó en febrero pasado eldiario.es. La empresa que está detrás es Torroval y Lopez Servicios Profesionales SL, que explota licencias de VTC y ofrece servicios de transporte a hoteles y grupos organizados. Los administradores de esta empresa desembarcaron en el sector del taxi malagueño a finales de 2018.