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Carlos Fernando Chamorro: “La dictadura de Daniel Ortega está atravesando por una crisis terminal”

06-12-2019

El próximo 13 de diciembre se cumple un año del asalto violento a la redacción del periódico Confidencial, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, y donde también funcionaba el estudio de los programas de televisión Esta Noche y Esta Semana. Un grupo de policías entró por la noche sin orden judicial alguna, tomó posesión del inmueble y ahí se mantiene hasta el día de hoy.

Al día siguiente Chamorro llegó a las oficinas centrales de la Policía a pedir explicación. No lo recibieron. Más bien lo echaron a empujones y golpes. Recurrió en busca de Justicia a la Corte Suprema de Justicia. No le respondieron. Intentó seguir con sus programas de televisión en un canal local, y el régimen los sacó de aire y de la televisión por cable. En enero del año pasado, temiendo por su vida, salió al exilio y mantuvo su periódico Confidencial en línea, y los programas de televisión a través de Facebook y Youtube, desde Costa Rica.

Hace diez días regresó a Nicaragua. Dice que vino a abrazar a su madre, la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro, a hacer periodismo y a reclamar sus medios confiscados por la vía militar.

-¿Qué decidió su regreso a Nicaragua?

-Yo tuve que salir al exilio a inicios de enero a Costa Rica para proteger mi integridad física y mi libertad, y para poder seguir haciendo periodismo, en este caso desde Costa Rica. Regreso por una decisión meramente individual, asumiendo mis propios riesgos y responsabilidades, porque en este país no existe ninguna garantía sobre la seguridad de ningún ciudadano. Pero regreso porque es importante refrendar mi compromiso con la libertad de prensa y con el ejercicio del periodismo en Nicaragua. Cada momento en que nosotros hacemos periodismo de forma independiente estamos fortaleciendo el campo de la libertad y estamos debilitando el poder de la dictadura. Es una decisión individual, no creo que existan las condiciones para que decenas de miles de nicaragüenses puedan repatriarse, regresar, hasta que no haya un cambio político democrático en el país, y hasta que no cese la represión y se desmantelen los paramilitares.

-¿Ha habido algún acto de intimidación o agresión en su contra en estos días?

-No he enfrentado hasta este momento una acción directa de agresión o intimidación, pero mi oficina sigue ocupada por la policía. Yo he ido dos veces esta semana a la redacción de Confidencial y ahí están los policías armados. Ese es un acto de intimidación, porque la intervención del Estado sin orden judicial y sin ninguna legalidad está atentando contra mis derechos como ciudadano y como periodista.

-¿Qué posibilidades hay de que recupere sus medios de trabajo, los edificios donde funcionaba la redacción de su periódico?

-Nosotros agotamos todos los recursos legales en el mes de diciembre (2018). Una solicitud al Ministerio Público para que investigue el asalto que la Policía realizó contra nuestra redacción y tres recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia en nombre de tres empresas que han sido intervenidas. Fueron aceptados por la Corte pero no han sido fallados. Si la Corte tuviese algún espacio de autonomía ya debió haber fallado esos recursos en enero y febrero porque no hay ninguna prueba que justifique la acción del Estado. Esta es una acción que responde a una orden de tipo político de la Presidencia de la República para aplastar, para allanar, cerrar un medio de comunicación. Si la Corte recupera su autonomía debería fallar de acuerdo a derecho. Yo no sé si la dictadura va a rectificar, nosotros no vamos a dejar de demandar que se suspenda esta confiscación porque es un acto inconstitucional.

Si se agotaron los mecanismos legales, ¿qué queda por hacer?

-Siempre existen las cortes internacionales para llevar este caso a otros niveles. Por el momento nosotros hemos solicitado medidas provisionales de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como medidas de protección para los periodistas de Confidencial y Esta Semana. Tenemos medidas cautelares de parte de la Comisión Interamericana (CIDH) que no son atendidas en Nicaragua. El siguiente paso es llevar este reclamo por esa doble condición de atentado contra la libertad de prensa y censura a otras instancias.

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