La petrolera estadounidense Chevron, acusada de contaminar el norte de la Amazonía ecuatoriana, buscó infiltrarse en el Gobierno de Rafael Correa para hacerle entender las “bondades” de llegar a un arreglo político en lugar de insistir en procesos judiciales, los cuales se ventilan dentro y fuera de Ecuador. Chevron, que compró las acciones de Texaco, se valió incluso de funcionarios, políticos y expertos de EE.UU. y de Ecuador para presionar en sus objetivos, según revela un documento confidencial de la misma multinacional que data del 22 de octubre de 2010.
De esa manera, la compañía buscaba no cumplir con la sentencia de la justicia ecuatoriana y no ver mermada su imagen internacional al tener que pagar 19.000 millones de dólares por daños y perjuicios por la afectación a la flora, fauna, aire, agua y la salud de 30.000 miembros de cinco nacionalidades indígenas: Cofán, Siona, Secoya, Waorani y Kichwa, así como de campesinos de las provincias de Sucumbíos y Orellana.
El documento de 2010 es dirigido por Alec Watson, de la empresa Hill & Company, a Bill Irwin, de Chevron. Watson es director de la consultora internacional Hills & Company, dedicada a proveer información y asesorar a clientes con afán de negocios especialmente en Latinoamérica, Rusia e India. Además ofrece asesoría sobre disputas legales entre clientes, socios, empleados o gobiernos extranjeros.
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