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Latinoamérica

Chile trata de proteger a los pacientes de los lobbies farmacéuticos

30-03-2015

El Gobierno de Chile trata de proteger a los pacientes de los lobbies farmacéuticos con nuevas indicaciones al proyecto de ley conocido como Ricarte Soto -iniciativa que está en trámite en el Senado- y que crea un sistema de protección financiera para tratamientos de alto costos y enfermedades “raras” o de baja prevalencia en el país. Los cambios incluidos buscan  que estén cubiertos los posibles daños a la salud de los usuarios, por efecto de tratamientos o fármacos, y evitar un lobby de parte de empresas o médicos, que ejerzan presión para que los pacientes soliciten una determinada terapia.

El subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, sostuvo que el proyecto de ley se ha ido perfeccionando en favor de las agrupaciones de pacientes y el sector salud. Así, la normativa estipula que frente a un evento adverso que dañe la salud de un paciente,  será el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el  encargado de realizar los procesos de mediación entre los eventuales afectados y los prestadores -hospitales o profesionales de salud- involucrados en el hecho. Este proceso busca alcanzar un acuerdo reparatorio, con el paciente o sus familiares, que evite llegar a un juicio civil. Además, cumplir con este paso es obligatorio para poder, en caso de que no se logre avenimiento, emprender acciones legales en la búsqueda de reparaciones económicas.

Pedro Barría, jefe de la unidad de mediación del CDE, dijo que la institución “tiene condiciones para  atender conflictos de este tipo, que ya se han dado en ocasiones, especialmente por mal suministro de un fármaco o sobredosis”. Agregó que, cuando rija la norma, deberán contar con profesionales especializados en patologías poco frecuentes y productos asociados a su tratamiento, para asesorar los procesos. “Pensando en favorecer a la población vulnerable, en los costos que significa conseguir abogados y evitar que el caso llegue a la justicia, la mediación será obligatoria entre el afectado y el centro asistencial o personas que intervinieron”, dice la abogada de la Subsecretaría de Salud, Andrea Martones.

La norma plantea que la Superintendencia de Salud tendrá otro rol clave: recibirá los reclamos de los enfermos y sancionará a los recintos de salud que no informen a los usuarios sobre esta ley y cuando califiquen para optar a sus beneficios. La multa máxima será 10 mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM) o $ 430 millones.

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