Cospedal entierra 2.000 millones de euros en el nuevo Hospital de Toledo, paralizado por pleitos judiciales

La construcción del nuevo Hospital de Toledo enfrenta a la Comunidad de Castilla‐La Mancha, que preside María Dolores Cospedal, con los arquitectos redactores del proyecto inicial cuando gobernaba el PSOE. Álvaro Siza y Antonio Sánchez‐Horneros, del Taller de Arquitectura Sánchez‐Horneros (TASH), solicitan la  suspensión cautelar de las obras. Lo hacen en defensa de sus intereses y ante lo que califican de “atropello” por parte de la administración regional. Es su respuesta al conocer que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Economía, ha levantado la suspensión del procedimiento de licitación que habían solicitado. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) mantuvo la fecha del 30 de septiembre como último día para presentar ofertas para hacerse con la obra, pese a la suspensión decretada.

El sobrecoste de la obra se estima en 500 millones de €

La construcción del hospital iniciada con el PSOE en 2007, cuando gobernaba en la comunidad manchega, fue paralizada en 2002 por los regidores del Partido Popular que se planteó un reajuste del proyecto como respuesta a la crisis económica y al cambio de modelo sanitario. Este año el Sescam planificó las nuevas obras. Además de que será un hospital más pequeño, el sobrecoste de la obra  con respecto al modelo inicial asciende  a más de 500 millones de euros. Esta será la cantidad que se abonará a la empresa que lo gestione en los 30 años de concesión, lo que lógicamente repercutirá en la calidad del servicio. “Nosotros teníamos un 33% de la obra terminada por un total de 100 millones de euros cuando llegó la paralización, declara a La Celosía, Fernando Mora, portavoz de Sanidad del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha. El Taller de Arquitectura Sánchez‐Horneros que era el director de las obras inició entonces los pleitos con la Administración de Cospedal.

TASH informa en un comunicado que “en el legítimo derecho de defensa de sus intereses y en lo que considera un atropello por parte de la administración regional interpondrá un Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla‐ La Mancha en el que solicitará la correspondiente  suspensión cautelar”. Igualmente señala que Álvaro Siza y Antonio Sánchez‐Horneros, como arquitectos redactores del proyecto interpondrán próximamente una demanda por derechos de autor basada en las modificaciones que se le realizan a un proyecto que fue objeto de un concurso internacional convocado por la propia administración regional y posteriormente aprobado por la misma.  En esa demanda está previsto solicitar igualmente la paralización cautelar de las obras por cuanto en la jurisprudencia existen varios casos de demolición de lo construido incluso en elementos de “interés general”. En esta ocasión la demanda será presentada en los tribunales de Madrid. Consultado por La Celosía el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)  sobre su cuál será su respuesta ante el anuncio de la demanda ha optado por guardar silencio.

Se estudian acciones penales contra Acciona

Los arquitectos anuncian también que el despacho Cremades y Calvo‐Sotelo estudia las posibles  responsabilidades penales de todo el proceso toda vez que la empresa que lidera la única UTE presentada, Acciona, una de las empresas anteriormente adjudicatarias de la obra y firmante del comprometido documento de rescisión, ha colaborado con el Sescam en la redacción de varios documentos y modelado algunos contenidos en el pliego de la licitación de la que previsiblemente será la adjudicataria como única ofertante. Consultada la constructora por La Celosía ante el anuncio de esta posible demanda, su portavoz ha declinado hacer comentarios. “Tras tres años y medio de paralización de la obra por parte del actual Gobierno Regional  no se puede en ningún caso acusar a TASH a estas alturas de ser los responsables de cualquier paralización futura o presente del proceso. Tampoco se puede utilizar como justificación para ocultar un atropello por parte de la administración regional el paraguas de los intereses generales de los ciudadanos en perjuicio de derechos de las personas y de las empresas”, subraya el comunicado.

“Podrían haber terminado en estos tres años el hospital y no lo han hecho porque querían cambiar el modelo de gestión sanitaria de carácter y gestión pública a otro de gestión privada”, señala Fernando Mora. Desde el PSOE consideran que el nuevo centro será un 30% más pequeño que el inicialmente previsto. Critican que la administración manchega no contemple que en los próximos veinticinco años la población anciana habrá crecido sensiblemente, siendo esta la que mayor atención médica requiere. “Sólo contempla la cobertura de la población del área sanitaria de Toledo, sin considerar que  también será de referencia provincial para varias especialidades y de referencia Regional en otras (como por ejemplo cirugía maxilofacial y cirugía cardiaca)”, apunta Mora.

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