Buscador


Demanda de inconstitucionalidad en Ecuador por la explotación de petróleo en Yasuní

04-09-2013

El jurista y redactor de la Constitución, Tarquino Orellana, anunció hoy la presentación de una demanda de inconstitucionalidad contra la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, que promueve el presidente Rafael Correa tras poner fin a una iniciativa de preservación de esa zona.

Orellana dijo que la demanda, la primera que se presenta sobre el tema, además de la declaración de inconstitucionalidad de la intervención petrolera, solicita la suspensión del trámite que se desarrolla en la Asamblea para declarar de interés nacional el proyecto de extracción petrolera en tanto se pronuncia sobre el asunto la Corte Constitucional.

El mandatario Rafael Correa anunció el pasado 15 de agosto el fin de la iniciativa “Yasuní-ITT”, puesta en marcha por él mismo seis años atrás, que buscaba dejar sin explotar el crudo en los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), situados en la Amazonía ecuatoriana.

El parón del proyecto, según explicó, se debió a la desidia de la comunidad internacional para ser “corresponsable” del plan y aportar al menos la mitad de los 3.600 millones de dólares en doce años que calculaba obtener por la explotación del eje ITT.

Tras esta decisión, el gobernante pidió al parlamento que autorizara la explotación petrolera, a la que se oponen grupos indígenas y ecologistas, que han pedido una consulta popular sobre el tema.

Pero para Orellana, la protección del Yasuní está garantizada por la Carta Magna y “de ninguna manera una consulta popular, ni siquiera una reforma de la Constitución” podría permitir la explotación de esta área protegida.

En su opinión no es válido el argumento del Gobierno, según el cual el “interés nacional” justifica la extracción petrolera, tal como recoge el artículo 407 de la Constitución.

Ese artículo prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, aunque “excepcionalmente -indica- dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional”.

El también exvicepresidente del Tribunal Constitucional argumentó que este artículo no faculta al Gobierno para “invadir” territorios ancestrales y recordó que, por su parte, el artículo 57 de la Carta Magna prohíbe “de manera expresa” la intervención en esas áreas.

“El derecho a la vida, (la protección) de la naturaleza y de los pueblos no contactados (que habitan en zonas de la Amazonía) no puede resolverse por mayoría, es inalienable, irreductible…no podemos tratarlo como si fuera una cosa”, dijo el jurista en referencia a la eventual consulta popular.

Más información

Compartir en Redes Sociales



Permitida la reproducción parcial o total de los contenidos de lacelosia.com siempre que se cite su procedencia y se añada un enlace a ésta.