Buscador


Latinoamérica

Denuncia ambiental en Guatemala contra una vicepresidenta y una ministra

01-04-2015

El Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) presentó una denuncia en el Organismo Judicial contra la vicepresidenta Roxana Baldetti (en la imagen) y la ministra de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, Michelle Martínez. La acción legal promovida contra las funcionarias se derivó de los dos contratos por un total de Q137.8 millones que adjudicó la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA) a la empresa de origen israelí M. Tarcic Engineering Ltd., por el servicio de rehabilitación y aplicación de un producto orgánico para limpiar el lago de Amatitlán.
Según Rafael Maldonado, director legal de CALAS, ambas integrantes del partido oficial incurrieron en el delito de incumplimiento de deberes al avalar el contrato millonario, pese a “que tenían pleno conocimiento de que el proyecto no contaba con el Estudio de Impacto Ambiental”.
De acuerdo con Maldonado, ambas violaron el Artículo 8 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Ambiente, en el que se estipula la evaluación sobre el impacto ambiental que producirá cualquier actividad que se pretenda realizar con los recursos naturales renovables o no renovables del país.
En este caso, aseguró Maldonado, por el empleo de la fórmula SES WP OX35 35+ TT 15 de M. Tarcic Engineering Ltd., la cual supuestamente limpiará el lago de Amatitlán y que desde el pasado enero ha sido arrojada a sus aguas.
“Esta aplicación, bajo la dirección de AMSA, comenzó a causar un debate público muy alto, tanto por el precio elevado –de la adjudicación–, la falta de información sobre la sustancia a utilizar y la participación activa en la dirección y ejecución de dicho proyecto de la vicemandataria”, versa la querella.

Exigen que se declaren lesivos

contratos con la empresa israelí

El Centro de Estudios Conservacionistas y Universidad de San Carlos de Guatemala (Cecon-Usac), junto con otras seis organizaciones, solicitaron que se declaren lesivos los dos contratos –Q137.8 millones– con la empresa israelí. Marco Vinicio Cerezo Blandón, en representación de los denunciantes, indicó que se violaron algunas disposiciones administrativas y jurídicas, ya que se falsearon datos para no realizar un estudio ambiental. “Para rescatar el lago necesitamos de otras medidas científicas y una inversión sostenida”, explicó.

Mercedes Barrios, delegada del Consejo Superior Universitario de la Usac, cuestionó el contrato millonario y reiteró que lo realizado por AMSA demuestra un mal manejo de los recursos públicos. Recalcó en que no existe una “fórmula mágica” que pueda limpiar el lago. Las siete organizaciones coincidieron que es mejor invertir en plantas de tratamiento.

Más información

 

Compartir en Redes Sociales



Permitida la reproducción parcial o total de los contenidos de lacelosia.com siempre que se cite su procedencia y se añada un enlace a ésta.