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Denunciada en Panamá la complicidad de magistrados para favorecer a Ricardo Martinelli

15-09-2017

Las diferencias de criterio entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia empiezan a carcomer aún más la credibilidad institucional y los casos contra el expresidente Ricardo Martinelli. La pugna se evidencia entre el magistrado Harry Díaz, y los magistrados José Ayú Prado y Luis Ramón Fábrega, los dos últimos presidente y vicepresidente respectivamente de éste órgano.

Hay dos términos que enfrentan a los magistrados, claves en el debido proceso: acusación e imputación.

Los querellantes en el caso de los pinchazos telefónicos que esperan la extradición del expresidente Ricardo Martinelli, alertaron a la ciudadanía de una complicidad entre éste, Ayú Prado y Fábrega para desarticular los procesos en su contra.

Éste último, según los quejosos, ‘intenta minar los procesos contra Martinelli a través de sus actuaciones’. Citan como ejemplo la nota firmada por Ayú Prado en la que se intenta notificar a Martinelli (detenido en la cárcel federal de Miami desde el 4 de junio pasado) sobre la fijación de una audiencia de imputación en el caso de la supuesta extorsión a la empresa italiana Impregilo para que construyera el hospital pediátrico en Veraguas a cambio de contratos de otras obras. Por este caso, en Nápoles, Italia, fue condenado Valter Lavítola, enlace entre los expresidentes Silvio Berlusconi y Ricardo Martinelli en los proyectos de construcción que se adjudicaban en Panamá a las empresas italianas.

Fábrega es fiscal de la causa en el caso Impregilo y en cinco ocasiones envió al juez de garantías Harry Díaz, solicitud urgente para fijar fecha de audiencia de imputación en contra de Martinelli en este caso.

En julio de 2016, no obstante, el magistrado Fábrega rechazó de plano la documentación que respaldaba la investigación contra Martinelli en este caso y ordenó su archivo. Su postura fue desestimada por el resto de la Corte y el caso siguió adelante.

LA ESTRATEGIA

Todo forma parte de una estrategia, dicen los querellantes. Si Díaz acepta una fecha de imputación en el caso de Impregilo, se contradiría en su actuar, puesto que acusó a Martinelli en el caso de los pinchazos. Tema de gran debate entre Díaz y la defensa del expresidente que insiste en que se debió imputar a su cliente. El tema seguramente formará parte de los argumentos de los abogados en el Habeas Corpus que están a punto de presentar ante el tribunal superior de Atlanta, Estados Unidos.

‘El riesgo que se corre con estas notificaciones es que se hagan evidentes situaciones que en Panamá tengan un efecto y puedan ser utilizadas en el proceso de extradición que se surte en Estados Unidos’, indicó Francisco Carreira, del equipo de querellantes. Añadió que el interés de los abogados de Martinelli ‘es comprobar este tipo de violaciones, por eso yo creo que el momento en el cual se hace el envío de estas personas a Estados Unidos puede ser utilizado por la defensa dentro del proceso de extradición que va a surtirse en el Habeas Corpus que aún no se presenta’.

Fábrega decidió enviar una delegación a la ciudad de Miami para informar a Martinelli que se le ha solicitado a Díaz (juez de garantías en el caso) ‘se sirva fijar fecha de audiencia para la formulación de imputación en su contra, de acuerdo a lo establecido en el artículo 280 del Código Procesal Penal (CPP)’ ya que es deber dar conocimiento de tal solicitud de audiencia por requerimiento del magistrado Fábrega’, se lee en la carta firmada por el presidente de la Corte, Ayú Prado, quien firmó la nota del viaje a los funcionarios.

Una clara extralimitación de funciones, según los querellantes, puesto que esta tarea no compete al fiscal de la causa o al presidente de la Corte, sino al magistrado de Garantías, es decir, a Diaz.

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