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Detenidos por corrupción el gobernador del banco central de Guatemala y el ex secretario del presidente

21-05-2015

El ex secretario privado del presidente de Guatemala y el jefe del banco central del país fueron detenidos el miércoles por un multimillonario fraude que vuelve a salpicar al entorno de Otto Pérez Molina, quien descartó renunciar pese a que el escándalo amenaza con agitar aún más la campaña electoral.

Las autoridades acusaron a la cúpula del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), dirigida por Juan de Dios Rodríguez, hombre de confianza de Pérez, de negociar comisiones con una empresa farmacéutica para la adjudicación de un contrato público por 14,5 millones de dólares.

Otras 15 personas han sido arrestadas por el hecho, entre ellas el presidente del Banco de Guatemala, Julio Suárez, y el hijo de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, informaron el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente patrocinado por Naciones Unidas.

“Hubo oferta y soborno mayor. Tenemos indicios absolutamente coherentes para demostrar que los integrantes de la junta de licitación incurrieron en ilegalidades”, aseguró Iván Velásquez, comisionado de la CICIG, en conferencia de prensa.

Según los investigadores, las escuchas telefónicas demuestran que la firma Pisa pagó un soborno de entre un 15 y un 16 por ciento para adjudicarse un servicio de diálisis. A su vez, esta compañía subcontrató a un tercero porque no contaba con la infraestructura ni el personal necesario para brindar el servicio.

El presidente respaldó la investigación, que vuelve a poner en evidencia a su círculo de aliados poco después de que la vicepresidenta Roxana Baldetti se viera forzada a renunciar en medio de una fuerte presión política y social tras verse envuelta en una trama de corrupción aduanera.

“Nadie está por encima de la ley. Soy el primero en lamentar que estas situaciones se estén dando y soy el primero en pedir que respondan ante la justicia”, dijo en una rueda de prensa Pérez, un general retirado conservador que llegó al poder en 2011.

Sin embargo, los nuevos arrestos podrían agitar aún más las calles en la empobrecida nación centroamericana, donde los guatemaltecos han protagonizado multitudinarias marchas en los primeros compases de la campaña electoral hacia los comicios de septiembre pidiendo la renuncia del presidente.

“Me han defraudado y soy el primero en lamentar que se falte a la confianza. Y si son responsables después de todo el proceso, que sean condenados”, agregó el líder político, quien aseguró que cuenta con el respaldo de su partido y sus seguidores.

El presidente cancela contratos públicos

Durante su visita a una actividad de exportadores, el presidente Otto Pérez Molina anunció que ha dado la orden de que se evalúen algunos contratos que han sido cuestionados por anomalías en el proceso de adjudicación. “Hay varios contratos que despertaron mucha duda y están siendo revisados y cancelados. Se van a deducir responsabilidades al respecto de esos contratos anómalos”, informó el mandatario.

Pérez Molina explicó que entre algunas contrataciones que serán rescindidas está el arrendamiento del estacionamiento del aeropuerto La Aurora a la empresa Constructores y Consultores Viales, S. A. (Cocvisa) por 15 años, en donde el Estado perdería 2 millones de quetzales anuales. Sobre este arrendamiento, explicó que la Dirección General de Aeronáutica Civil tomará el control a partir de la cancelación. Además, el gobernante dijo que el contrato para construir una terminal de combustible en La Aurora también será cancelado.

El interventor de esta entidad, Jair Samayoa, indicó que se va a cumplir la orden de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y del Presidente, “estamos preparando la papelería para notificar a las empresas”, dijo. A pesar de que algunas semanas atrás, al ser consultado por elPeriódico al respecto de estos contratos, Samayoa los defendió y los justificó con que ambas contrataciones traerían beneficios al país. El Presidente también resaltó que ya se rescindió el contrato de 115 millones de quetzales con la empresa M. Tarcic para limpiar el lago de Amatitlán, mientras que la PGN interpuso una denuncia contra la firma. En tanto, el Ministro de Salud solicitó a una evaluadora estadounidense que revise la fórmula para tener otro dictamen que explique de qué se trata.

Otro contrato que el sector empresarial pidió cancelar es el adjudicado el año pasado por la Dirección General de Migración a favor de Security Assistance Group, S.A. por US$109.7 millones (unos Q878 millones) para optimizar el sistema de control migratorio. Sin embargo, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, descartó que esto sea posible, aunque aseguró que se instalará una mesa técnica para analizarlo.

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