La impunidad de que gozan en España los responsables de vertederos ilegales que pueden causar graves daños de salud a la población, obedece a un pacto de silencio según denuncia Ecologistas en Acción. Desde hace dos semanas los habitantes del municipio madrileño Rivas-Vaciamadrid y vecinos de Vallecas, padecen problemas de respiración, dolores de garganta y los malos olores de un vertedero que humea sin control enviando gases contaminantes a la atmósfera. “La propiedad del terreno, según toda la información de la que disponemos está en litigios. El terreno está fuera del término municipal de Rivas-Vaciamadrid por lo que no tenemos competencias sobre él para una posible expropiación o demanda de titularidad”, declara a La Celosía, Rubén Tadeo, concejal de Medio Ambiente de este municipio madrileño.
El presunto propietario del vertedero incendiado, Juan José Escribano, se limitaba a pedir perdón a los afectados en El País. En las páginas de este diario era presentado como una víctima “dado que le es imposible pagar los precios fijados por el único vertedero autorizado en la región”. En la década de los noventa el único vertedero autorizado fue inaugurado por las autoridades municipales y sus primeros propietarios, los financieros conocidos popularmente como Los Albertos. Hoy es gestionado por la constructora FCC de las Koplowitz, que controla vertederos dentro y fuera de España. También Sacyr Valoriza gestiona gran parte de este negocio desde su división medio ambiental. Pese a reconocer su actuación ilegal aún no se conoce ninguna sanción en contra de Escribano, quien aparece como gestor de vertederos y transportista en el registro mercantil. La impunidad de que goza parece tocar a su fin. “Ahora se abre un nuevo tiempo en el que Madrid y Rivas vamos a trabajar juntos para acabar con la impunidad en Valdemingómez”, ha señalado el alcalde ripense, Pedro del Cura. La población cansada de la inacción de las autoridades se ha echado a la calle.
No hay organismo regulador,
pero las autoridades lo dan todo por bueno
“La opacidad es generalizada en los vertederos. Ni luz ni taquígrafos. No quieren cámaras ni periodistas. Proporcionan cifras que no están verificadas ni contrastadas. No hay organismo regulador, pero las autoridades lo dan todo por bueno y lo envían a Bruselas lavándose las manos”, afirma Ecologistas en Acción, que denuncia un pacto de silencio, en ‘Un yacimiento en la basura’, el único informe existente sobre el sector que data de 2013. “Una cosa son los vertederos ilegales, que son ya pocos y de tamaño reducido, y otra los vertederos que aun estando legalizados incumplen de manera manifiesta la legalidad, en particular el RD 1481; estos son la inmensa mayoría”, señala Daniel López Marijuan, responsable de residuos en la organización ecologista. Cuando se le pregunta por ese pacto de silencio afirma que “hay un lobby que controla la gestión de residuos en España, con hilo directo con la Administración”. López Marijuan denuncia la connivencia de los grandes operadores con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Detalla como las reuniones con las Consejerías de Medio Ambiente “suelen ser bastante estériles, en general, y sus responsables no reconocen el lamentable estado de los vertederos en vigor”.
A la hora de investigar los vertederos de residuos domésticos que incumplen flagrantemente la legislación en España, esta organización enfrenta numerosos problemas que resume en uno sólo: existe una tremenda opacidad a la hora de presentar resultados de gestión, tanto por parte de los propios gestores de las “plantas” de tratamiento (que en muchos casos son meros aditamentos de los vertederos), como de la Administración responsable. La primera Ley que se incumple es la de acceso público a la información medioambiental (LEY 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente), que incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE. Pese a los obstáculos desde Ecologistas en Acción contabilizan actualmente ocho vertederos ilegales. Únicamente ha sido clausurados el de Milà (Menorca) y el de en Berga (Catalunya).
Son necesarias nuevas instalaciones,
según el Ministerio de Agricultura
Desde el Ministerio de Agricultura se reconoce que “debe dedicarse Especial atención a la detección de instalaciones ilegales que realizan operaciones de tratamiento de residuos. En el caso de los residuos municipales son necesarias nuevas instalaciones de tratamiento para disminuir el vertido e incrementar el reciclado”. Así consta en la versión inicial del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR), del pasado junio. Dicho plan contendrá la estrategia general de la política de residuos, las orientaciones y la estructura a la que deberán ajustarse los planes autonómicos, así como los objetivos mínimos a cumplir de prevención, preparación para la reutilización, reciclado, valorización y eliminación. La determinación de dichos objetivos será coherente con la estrategia de reducción de gases de efecto invernadero y los compromisos internacionales asumidos en materia de cambio climático. El apartado 2 del citado artículo establece que las Comunidades Autónomas elaborarán los planes autonómicos de gestión de residuos, previa consulta a las Entidades Locales en su caso, de conformidad con lo establecido en la Ley.
El Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, que se aprobó a finales de 2008 finaliza este año y de ahí la urgencia del PEMAR. Se hace necesario disponer de un nuevo plan para cumplir con las obligaciones comunitarias en materia de planificación, según el documento del que es responsable última la ministra Isabel Tejerina, que señala como todavía el 44% del total de los residuos generados se destinaban a vertedero, a pesar de los avances, según datos de Eurostat, en 2012. “Esta situación debe ser objeto de atención específica y debe revertirse aplicando de forma efectiva la jerarquía de residuos”, subraya el documento.
El informe publicado en 2013 por Ecologistas en Acción señalaba la existencia de 142 vertederos controlados activos (datos de 2010 del INE) y de ellos menos de la mitad son los que captan gas metano. En relación al grado de incumplimiento de la Directiva comunitaria en cuanto a revestimiento se afirma que el 68% de los vertederos no tiene capa drenante; en el 50% de los no peligrosos también carecen de ella. También se destaca que el 28% de los vertederos emiten malos olores y el 14% de esos vertederos controlados incumple “el correcto cerramiento y vallado”.
Una organización sin ánimo de lucro impulsada por entidades ecologistas y cívicas de ámbito nacional con el apoyo y la participación de diversos sectores de la sociedad civil, las administraciones y el mundo empresarial, ayuda a los españoles al reciclaje y a denunciar los daños al Medio Ambiente. Desembasura es su lema.
España, sexto país más ecologista del mundo, según el Índice de Desempeño Ambiental 2016