La autorización de una actividad expresamente prohibida hasta ahora en el Parque Nacional de Monfragüe, como es la navegación, o la autorización del vuelo sin motor en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, están contempladas en el anteproyecto de Ley de Parques Nacionales redactado por el equipo del ministro Miguel Arias Cañete. ¿Qué intereses mueven al Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente a seleccionar por ley dos actividades recreativas concretas y dos parques nacionales determinados? denuncia Ecologistas en Acción, una de las organizaciones que ha presentado alegaciones al anteproyecto de Ley de Parques Nacionales.
“En el escrito presentado al Ministerio solicitamos sea retirado el texto del anteproyecto o, en su defecto se eliminen los artículos que de forma arbitraria permiten el desarrollo de actividades en espacios protegidos no permitidas hasta ahora y ajenas a su conservación. Igualmente pedimos que se retiren los artículos que permiten a la propiedad privada y titulares de otros derechos a ejercer funciones, hasta ahora exclusivas de la administración”, señala a La Celosía, Belén García de la Torriente, experta en Ordenación del Territorio de Ecologistas en Acción.
El equipo del ministro Arias Cañete
no introduce mejoras sustanciales
Organizaciones ecologistas y expertos ambientalistas consultados coinciden en afirmar que el anteproyecto de Ley de Parques Nacionales no introduce nuevas cuestiones que supongan cambios o mejoras sustanciales con respecto a la Ley vigente. En cambio detectan modificaciones en la redacción del articulado, por el equipo del ministro Arias Cañete, que introducen más ambigüedad, más excepciones o directamente empeoran el texto. Los efectos jurídicos ligados a la gestión (art.7) introducen la posibilidad de definir “actividades necesarias para la gestión”. “Este nuevo concepto, de no definirse adecuadamente, pudiera dar pie a la legalización enmascarada de actividades incompatibles como la caza, la pesca u otras, al pretender atribuirles una función vinculada a la gestión, como por ejemplo está sucediendo actualmente con la caza de la cabra montés en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama”, subraya Belén García. Los expertos destacan la introducción en el articulado de apartados específicos para allanar la entrada de actividades económicas privadas e iniciativas de propietarios de suelo. “Se producen situaciones tan paradójicas como que, en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en la ladera madrileña, no se reconozca la ganadería extensiva como actividad tradicional y si lo sea el senderismo o el esquí de travesía”, explica la experta en Ordenación del Territorio de Ecologistas en Acción.
Los Parques Nacionales no deben ser parques recreativos
“Los conservacionistas a ultranza no quieren que se haga ninguna actividad en los Parques Nacionales. Estoy de acuerdo en que no deben ser parques recreativos, pero si se puede fomentar el turismo, siempre que sea de forma controlada”, señala Javier Benayas, profesor de ecología y co-director del Master de Espacios Naturales de la Universidad Autónoma de Madrid. Considera que de entrada el anteproyecto tenía que haber sido consensuado y que debería irse a un modelo de gestión único, no con modelos diferentes en cada comunidad autónoma. “Siempre pongo el ejemplo de los museos en relación a los Parques Nacionales. Es factible que haya más visitantes con el fomento de actividades turísticas, pero deben estar los vigilantes al igual que en las pinacotecas. No podemos estar los científicos denunciando prácticas dañinas como los maratones que se proyectaron por la Maliciosa y la Pedriza en la comunidad de Madrid. Tuvimos que recoger firmas para que no se autorizaran”, subraya Benayas.
Luz verde a negocios dañinos para el medio ambiente
Al tiempo que no se mejora, e incluso se empeora la participación ciudadana, en el anteproyecto de de Ley de Parques Nacionales sí se introduce numeroso articulado para favorecer a la propiedad privada y a la iniciativa empresarial dentro de los parques nacionales (art.36 y art.37). Todo ello se propone sin que se haya realizado ningún estudio sobre el impacto que esta nueva situación pueda tener sobre estos espacios y su conservación. No se puede hablar de propiedad privada como mecanismo de control y mejora de la gestión sin conocer, por ejemplo, el porcentaje de propiedad privada existente en cada parque nacional y en el conjunto de la Red, tipología de la propiedad, vinculación de la propiedad al territorio, etc. De igual forma no se puede abrir la posibilidad del desarrollo de actividades económicas, comerciales y de servicios dentro de los parques nacionales sin valorar el impacto que ello podría tener sobre la conservación y sobre la economía de las poblaciones locales. Si se prima la actividad dentro del espacio protegido, por un lado puede suponer el deterioro de los valores naturales por las cuales se declaran estos espacios, pero además puede perjudicar las economías locales.
Una nueva vuelta de rosca a la intervención privada en el anteproyecto de Ley de Parques Nacionales es la cooperación financiera que se establece en el artículo 30.4, de tal forma que la iniciativa privada y el sector empresarial podrán incorporar recursos financieros adicionales a la conservación de los parques nacionales. “Evidentemente la iniciativa privada y empresarial si aporta recursos requerirá una contraprestación que podría, incluso llegar a condicionar la gestión del espacio o la toma de decisiones clave para estos espacios protegidos”, advierte Belén García.
Navegación en Monfragüe y vuelo sin motor en Guadarrama
Casos paradigmáticos de la intervención de la iniciativa privada y que ya se puede comprobar en el texto del anteproyecto son la autorización de una actividad expresamente prohibida hasta ahora en el Parque Nacional de Monfragüe, como es la navegación, o la autorización del vuelo sin motor en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (disposiciones adicionales decimotercera y decimocuarta). En ambos casos se trata de decisiones arbitrarias y ajenas a los objetivos de conservación de estos espacios. En el caso de Monfragüe la navegación se produciría en el embalse, donde se sitúan las poblaciones de cigüeña negra. Introducir esta actividad, actualmente prohibida por considerarse incompatible con la conservación, supondría una serie de actuaciones cuyo impacto en ningún caso se ha calibrado (nuevas infraestructuras, edificaciones, etcétera) vinculadas a la nueva actividad. En Extremadura ya existe el nefasto precedente de la Isla Valdecañas (complejo residencial y deportivo) que debería ser suficiente ejemplo como para no seguir introduciendo actividades impactantes en espacios naturales cuyo resultado es la pérdida de biodiversidad. En el caso de la Sierra de Guadarrama, la ley declarativa ya ha rebajado la altura mínima de sobrevuelo de aeronaves comerciales de 3.000 a 500 metros, y ahora también se pretende introducir el vuelo sin motor. No existe valoración alguna sobre el impacto de esta actividad en el espacio protegido pero se impone por ley.
La Junta de Andalucía tampoco respeta Doñana
La desamortización de los montes públicos en Doñana, clave para evitar el aislamiento ecológico del Parque Nacional, avanza con paso firme impulsada por los ayuntamientos y con la aprobación de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de Moguer ya ha descatalogado y vendido 220 hectáreas de monte público, y el Plan de la Fresa que está elaborando la Junta de Andalucía permitirá a los municipios vender más de 2.100 hectáreas de montes públicos actualmente ocupados por cultivos.
“No podemos pretender cubrir los déficits en las arcas municipales a costa del patrimonio forestal público”, ha declarado el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo. “Los ayuntamientos tienen la responsabilidad de asegurar la conservación de Doñana, que no es patrimonio de los municipios de la zona, sino Patrimonio de la Humanidad. Consolidar la situación actual en la corona forestal supone mantener ecológicamente aislada Doñana, con el peligro que eso conlleva para el futuro del Parque Nacional”, ha añadido del Olmo.
Una red de Parques envidiada en Europa, en peligro
La Red de Parques Nacionales de España, con casi 360.000 hectáreas protegidas, constituye la figura más emblemática entre las diferentes tipologías de espacios protegidos existentes en España y en el conjunto de Europa. La red se posiciona como un referente europeo en materia de biodiversidad y cuenta con 15 parques, diez de ellos en la Península Ibérica, cuatro en Canarias y uno en Baleares (Islas Atlánticas de Galicia, Picos de Europa, Ordesa y Monte Perdido, Algüetortes i Estany de Sant Maurici, Sierra de Guadarrama, Monfragüe, Cabañeros, Tablas de Daimiel, Doñana, Sierra Nevada, Archipiélago de Cabrera, Timanfaya, Teide, Garajonay y Caldera de Taburiente).
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