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Ecuador consigue que La Haya suspenda la audiencia por una demanda de Chevron

06-01-2014

Un tribunal arbitral de La Haya suspendió una audiencia que debía iniciar el próximo 20 de enero, para analizar supuestas violaciones del Estado ecuatoriano a un tratado de inversiones con Estados Unidos, demanda presentada por la petrolera Chevron, informó hoy la Procuraduría General de Ecuador.

A través de un comunicado la entidad confirmó que el tribunal arbitral suspendió el calendario procesal y la audiencia sobre el fondo de la demanda, que se debía extender hasta el 7 de febrero, en Washington.

La gigante petrolera exige que se endose al Estado ecuatoriano una multimillonaria multa ambiental impuesta a ella en las cortes ecuatorianas, en el llamado juicio de Lago Agrio, interpuesto por indígenas y colonos de la Amazonía del país.

La Procuraduría de Ecuador, por su parte, ha solicitado al tribunal arbitral que suspenda el litigio, conocido como “Chevron III”, debido a que, entre otras cosas, la demanda fue planteada “de forma prematura y equivocada”.

Ecuador también pidió insistentemente al tribunal que suspendiera la audiencia de fondo prevista para este mes, debido a que, además, podía haberse afectado el debido proceso, ya que no concedía el tiempo suficiente para preparar adecuadamente la defensa.

El tribunal en una orden procesal emitida ayer, jueves, concluyó que mantener la audiencia de enero “conllevaría un significativo riesgo de ‘inequidad procesal’”, por lo que “resolvió suspenderla, al igual que el resto del calendario”, precisa el escrito de la Procuraduría.

Además, señala que el tribunal arbitral convocó a las partes a una reunión el 20 de enero en Washington, para fijar “un nuevo calendario procesal”.

Sobre esa decisión, el procurador general del Estado ecuatoriano, Diego García, dijo que era “necesaria” ya que el caso no podía continuar debido a que el fallo final de la justicia ecuatoriana contra Chevron se produjo mucho después de que la petrolera presentara su demanda contra el Estado.

Chevron fue condenada por una corte de Ecuador en 2011 a pagar más de 19.000 millones de dólares por los daños ambientales que colonos e indígenas de la Amazonía ecuatoriana le imputaron haber dejado en sus territorios durante el tiempo en que operó en esa zona entre 1964 y 1992.

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