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El acoso comercial, agudizado por la crisis, dispara las denuncias de los ciudadanos en la Agencia de Protección de Datos

21-02-2012

Los ciudadanos comienzan a reaccionar frente al acoso comercial con tecnologías modernas intrusivas, especialmente con correo electrónico y call centers robotizados, que la guerra por robar clientela ha desatado, según fuentes de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y de la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), que gestiona las listas Robinson de exclusión publicitaria.

A falta de datos oficiales definitivo, el director de la AEPD, José Luis Rodríguez Álvarez, ha cifrado en un 50% el incremento durante el año pasado de las denuncias recibidas por el organismo institucional y del 34% en las reclamaciones de tutela cuando se consideran vulnerados los derechos de acceso a datos, cancelación y reposición, y oposición a su uso. El año anterior se había producido un descenso de las reclamaciones de tutela debido a que una sentencia del Supremo consideró de no aplicación de la ley de protección de datos a los libros que registran los bautismos de la Iglesia Católica, y por consiguiente se desestimó la tutela en centenares de peticiones.

Adigital no ha aportado datos sobre las listas Robinson, pero una fuente oficial asegura que el crecimiento constante desde su aparición se ha intensificado en estos años de crisis.  Los ciudadanos españoles están no obstante lejos todavía de los europeos en el conocimiento de sus derechos y su ejercicio en la protección de datos. Una encuesta realizada en diciembre de 2010 aseguraba que sólo el 16% de los encuestados conocía la existencia de una autoridad pública encargada de proteger esos derechos, frente al 33% de la media europea.

Una sentencia reciente del Tribunal Supremo, que elimina algunas restricciones de la ley española, una de las más proteccionistas de la Unión Europea, hace temer que se disparen los abusos en el trasiego comercial de datos privados y su aplicación para la venta. No obstante, desde la AEPD se asegura que las empresas tendrán que guardar un equilibrio entre el interés legítimo en la utilización de datos personales para su negocio y el respeto a los derechos de los ciudadanos. “Todos tendremos que ponderar más ajustadamente estas variables, y los tribunales marcarán las pautas”, asegura un abogado del Estado.

La Comisión Europea ha adelantado hace unos días su nueva propuesta normativa para la protección de datos, dado que la directiva de 1995 estaba quedándose corta ante la omnipresencia de internet, que deberá pasar el tamiz del Parlamento Europeo y el Consejo. La vicepresidenta y comisaria de Justicia, Viviane Reding, ha elaborado un nuevo reglamento en el que se clarificará “el consentimiento”, que seguirá siendo la base del derecho ciudadano, muy reforzado cuando se está inscrito en las listas Robinson. Este consentimiento debe obtenerse explícitamente y no presuponerse.

El reglamento, que entrará en vigor dos años después de su adopción, impone un conjunto único de normas válido para toda la UE, eliminando los requisitos administrativos previos a las empresas, lo que les supondrá un ahorro de 2.300 millones de euros anuales, pero agilizando las comunicaciones a posteriori, rendición de cuentas y pérdida de datos, siendo el interlocutor único la autoridad del país de sede de la empresa, utilizándose este mismo criterio para los ciudadanos, que se dirigirán siempre a su agencia nacional. Los ciudadanos tendrán también el derecho a la portabilidad de sus datos de una empresa a otra, lo que impedirá obstáculos a la competencia y tendrán el derecho al olvido, es decir al borrado de sus datos en internet cuando no haya razones legítimas para mantenerlos. La autoridad de las Agencias nacionales será reforzada y se uniformará la potestad sancionadora. La AEPD ha sido muy criticada por ser la más sancionadora de Europa y en la ley de Economía Sostenible se corrigió a la baja su horquilla de multas.

Los grupos de presión que operan en la Unión ya han comenzado a movilizarse en el Parlamento Europeo para aumentar la libertad comercial en el manejo de los ficheros y rebajar la capacidad de obstrucción de los ciudadanos.

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