El Consejo de la mamandurria de Gallardón solamente reconoce a los madrileños el 2% de las cantidades por daños reclamadas a la Administración autonómica

Los Consejos Consultivos inventados por las Comunidades Autónomas, que sólo sirven para colocar a amigos y alimentar la voraz maquinaria burocrática del Estado, son una desvergüenza. La Comunidad de Madrid se resistió durante bastantes años a crear el suyo, pero finalmente los diputados autonómicos se lo pusieron de regalo en las Navidades de 2007, y ahora es noticia con motivo de que el ex ministro de Justicia y ex presidente de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón se ha cobijado en su seno con un sueldo vitalicio de 8.500 euros mensuales más las actualizaciones que se vayan generando.

Gallardón podrá cobrar además la pensión de ex ministro y trabajar en la empresa privada

Hay que aclarar que Gallardón podrá compatibilizar el cargo de consejero permanente con cualquier trabajo de índole privada, ya que la ley marca (Art 8) que la incompatibilidad solo afecta a cargos o empleos en la Administración, salvo la docencia, el desempeño de cargos de representación popular, y además Gallardón y Leguina pueden compatibilizar el cobro vitalicio en el Consejo Consultivo “con todos los derechos derivados de su condición de ex Presidentes de la Comunidad de Madrid”. Gallardón si quiere puede cobrar pensión de ministro y el cuponazo para toda la vida como consejero permanente del Consejo Consultivo. La ex presidenta Esperanza Aguirre renunció en su momento a esta bicoca.

El trabajo de Leguina y Gallardón en este chollo permite compaginarlo con cualquier actividad ya que el año pasado sólo hubo 21 sesiones de Pleno, que son las que les corresponden como consejeros permanentes. El resto, los electivos, tuvieron 46 reuniones más. El trabajo técnico, el real lo llevan a cabo los letrados y secretarios adscritos al Consejo.

Para más inri, el citado Consejo Consultivo, que cuesta a los madrileños más de 4 millones de euros al año y cuyas resoluciones no tienen carácter vinculante, o sea son papel mojado, aprueba asuntos que afectan regresivamente a los ciudadanos, como se comprueba del resultado de las consultas evacuadas.

De 172 millones reclamados por ciudadanos, el Consejo sólo ha validado 3,6 millones y aceptado el 16% de los casos presentados

De un total de 657 consultas que trató el año pasado, el 87% correspondieron a reclamaciones de ciudadanos por daños sufridos en el sistema sanitario o en la infraestructura vial. De todos los expedientes de responsabilidad patrimonial,  las cantidades reconocidas por esta vergonzosa institución sólo suman el 2,10% de lo reclamado por los ciudadanos.  En total ha reconocido una cuantía de 3,62 millones de euros, frente a 172 millones solicitados por ciudadanos que han sufrido alguna negligencia o grave problema achacable a la Sanidad Pública o daños por mal estado de las aceras y carreteras, caída de árboles, etcétera. De 570 casos solamente ha considerado de justicia indemnizar en 91 casos, el 16%.

Apenas hubo votos y sensibilidades contrarias a esta tomadura de pelo para el ciudadano, ya que solamente hubo un 4,5% de votos en contra del total emitidos. Están todos los consejeros encantados de haberse conocido, aunque sean de familias ideológicas diferentes, ya que en esta institución de pega también los puestos se reparten por cuotas.

Ha permitido que se utilice el baremo de accidentes de tráfico que sólo favorece a las aseguradoras para negligencias sanitarias

En defensa de su “extraordinaria labor moderadora” sobre las abusivas, se entiende, peticiones indemnizatorias de los ciudadanos, el Consejo alega que es extramadamente difícil evaluar los daños resarcibles en materia sanitaria. Lo grave es que en los expedientes se utiliza como referente orientativo el baremo de accidentes de tráfico, otra vergüenza que lleva favoreciendo a las aseguradoras desde el año 1995 con la complicidad de los Gobiernos del PSOE y PP, y cuyo desfase ya fue denunciado por la Fiscalía General del Estado en una circular de 2011. La Administración utiliza un baremo que la Fiscalía considera desafasado e inapropiado, y el Consejo Consultivo lo valida, afectando así muy negativamente sus informes a los ciudadanos afectados.

Es curioso que para justificar su función este aborto institucional apunte que “no tiene por objeto controlar la actividad de las Administraciones, sino contribuir a su perfeccionamiento en la fase previa de elaboración de la decisión, pero en cuanto contribuye a garantizar la legalidad y el acierto de la actuación administrativa, contribuye también a la mejor protección de los derechos de los ciudadanos y a la consolidación de su posición jurídica”. Dejen de protegernos de esta manera, preocúpense más del incremento de los delitos de prevaricación en la Administración madrileña, que han subido un 10%, según la memoria de la Fiscalía. Los ciudadanos madrileños ganarían mucho con la disolución de este órgano.

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