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Latinoamérica

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México emitió sus primeras resoluciones

05-08-2015

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) emitió sus primeras cinco resoluciones por disposición obligatorias para particulares, con las que sienta un precedente: “es obligación no sólo de las y los servidores públicos sino también de las y los particulares garantizar y respetar el derecho a la igualdad y a la no discriminación, plasmado en el artículo primero constitucional”.

Ello significa que todas y todos los prestadores de servicios no pueden poner condicionantes para brindar, negar o condicionar un servicio por alguna condición inherente a su personalidad como lo es: su preferencia sexual, apariencia física, su identidad y expresión de género.

En el presente año, el Consejo ha emitido cinco resoluciones por disposición por actos y prácticas sociales discriminatorias atribuidas a particulares, en el marco de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), colocándolas como las primeras que se aplican después de que se aprobó su reforma en 2014.

Antes de esta reforma a la LFPED las resoluciones por disposición no se emitían en procedimientos de queja relacionados con particulares, a partir de estas modificaciones pueden emitirse esas resoluciones donde se imponen medidas destinadas a la reparación integral de las víctimas de violaciones al derecho a la no discriminación, entre ellas, aquéllas que conlleven a su no repetición.

Es decir que después de la publicación de esta reforma se logró que el procedimiento del Conapred entre particulares dejara de ser meramente conciliatorio para incluir otras etapas como la investigación y la emisión de resoluciones por disposición.

Entre estas resoluciones se encuentra la 03/2015 sobre 16 expedientes sobre presuntos casos de discriminación por homofobia, lesbofobia y transfobia, así como por apariencia física, cometidos por prestadores de servicios mercantiles en los estados de Sonora, Jalisco, Nuevo León, Colima, Distrito Federal, Baja California, Aguascalientes, Quintana Roo, Chiapas y Michoacán. Actos que restringieron, condicionaron, negaron o suspendieron la prestación de un servicio.

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