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El Constitucional de Uruguay rechaza la octava ley aprobada bajo la administración de José Mújica

02-11-2016

La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional un artículo de la ley de Rendición de Cuentas de 2012 que le quitó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) la potestad de anular las resoluciones de la DGI que dan lugar a la denuncia penal por defraudación tributaria.

El artículo 368 de la ley 19.149 (de Rendición de Cuentas) reguló el acto administrativo por el cual se resuelve proceder a la denuncia penal por defraudación, dictado por la DGI. El artículo 110 del Código Tributario define el delito de defraudación tributaria penado con seis meses de prisión a seis años de penitenciaría, y establece que el delito se perseguirá a denuncia de la Administración Tributaria.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por mayoría —con el voto de cuatro de los cinco ministros— entendió que el artículo 368 de la ley 19.149 “viola el principio de separación de poderes y el de tutela jurisdiccional efectiva” .

Este fallo es aplicable al caso de los propietarios del frigorífico Centenario quienes plantearon el recurso de inconstitucionalidad ante una denuncia que les hizo la DGI, ya que cuando quisieron accionar ante el TCA se vieron impedidas de hacerlo porque la Impositiva se amparó en esta ley.

Se trata además de la octava ley aprobada durante la administración del presidente José Mujica, que la SCJ declara inconstitucional.

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