El coste de los actos violentos con arma de fuego en Estados Unidos es superior al de la obesidad y asciende a 230.000 millones de dólares al año

El constante debate sobre la protección constitucional a los ciudadanos en Estados Unidos de poseer y llevar consigo armas de fuego, consagrada por la segunda enmienda, se apoya en justificantes morales y de libertad, pero también tiene un componente económico muy relevante.  De la gravedad de los hechos basta decir que en lo que va de año se han producido en Estados Unidos cerca de 250 tiroteos, en los que al menos han muerto o herido cuatro personas, lo que supone una media de una por día, aunque hay jornadas trágicas, como la del 2 de agosto en el que hubo cinco tiroteos masivos.

El periódico online de investigación estadounidense Mother Jones ha realizado un trabajo este año en colaboración con el think tank californiano, Institute for Research and Evaluation, en el que ha tratado de determinar el coste real que supone la utilización violenta de las armas de fuego en el país más poderoso del planeta. Cada año mueren por arma de fuego, fundamentalmente en asesinatos, alrededor de 11.000 personas y otras 20.000 se quitan la vida con un disparo. Otros 75.000 son heridos. Aunque la criminalidad violenta ha descendido en Estados Unidos en los últimos años, tanto los tiroteos en masa como las tasas de heridas y muertes por arma de fuego han aumentado.

El coste para el contribuyente es similar al del seguro médico de atención a los desfavorecidos

Los 230 millones de coste total calculados en el estudio de Mother Jones son una barbaridad también en términos relativos, ya que superan los de la obesidad, una lacra de enorme coste para el país, evaluada en 224.000 millones, y se acercan mucho al de Medicaid, el programa de seguro sanitario público para la gente necesitada (familias, niños, ancianos y dependientes), que apenas supera los 250.000 millones. El triste primer lugar del podio en gasto  por daños evitables se lo lleva el coste del insano hábito de fumar, con 289.000 millones.

¿De dónde salen esos 230.000 millones de coste, alrededor de 700 dólares per cápita, que se imputan a las armas de fuego?.El estudio de Mother Jones integra en el coste económico total los de orden directo y los indirectos. Entre los directos destaca los gastos por la ayuda sicológica a los familiares de los muertos, los del periplo judicial y carcelario (este es el mayor, con 5.200 millones anuales) que genera un asesinato o un suicidio, los gastos médicos y fúnebres, de todos los cuales el 84% corre a cargo del contribuyente. En total suponen 8.700 millones de dólares, una minucia comparando con los 221.000 millones que representan los indirectos. El coste directo por cada acto violento con arma de fuego (a razón de 32 diarios) se estima en 410.000 dólares, que de forma desagregada es producto de la suma de 2.200 euros de gasto policial, 4.300 corresponden al judicial, 11.500 al sostén sicológico y 11.150 de hospitalización y ambulancia. Como se ha apuntado antes, el grueso se debe a los gastos de prisión, con penas muy largas, que ascienden a 414.000 dólares.

En el estudio se explica las dificultades que han encontrado en la investigación de los datos. A modo de ejemplo comentan como en Estados Unidos se realizan estudios apoyados con fondos públicos sobre el coste sanitario de los accidentes de tráfico o de cualquier enfermedad, pero no de las heridas de bala, gracias a la presión que ejercen grupos como la National Rifle Association.

Como decíamos,  los indirectos son la verdadera sangría económica. De los 221.000 millones en que son valorados estos costes, alrededor de 170.000 millones proceden del impacto sobre la calidad de vida de las víctimas supervivientes. La otra variable con más gasto es la pérdida salarial de las víctimas, cifrada en 49.000 millones de dólares. Los datos han sido recabados con cálculos basados en las indemnizaciones decretadas en los juicios, que valoran de medio en 6,2 millones de dólares los daños causados.

Muchos costes no han podido ser cuantificados, como es el caso del trauma que se genera en comunidades que viven en un estado de violencia crónica o en aquellas que se han enfrentado a una carnicería masiva, en colegios, cines, estadios, etcétera. Este espanto provoca un aumento del gasto en seguridad y prevención, y tiene repercusiones económicas notables a nivel local.