“La propuesta que redacté para regular los lobbies en el Congreso. Ahí queda para quien la quiera”, afirma el ex diputado del PP, Santiago Cervera en twitter. En su documento sobre la necesidad de un registro de lobbies, -y presentado en su día como propuesta de los populares en el Congreso de los Diputados-, subraya como el Parlamento Europeo dispone de un Registro de Transparencia, común con la Comisión Europea, y unas normas de relación con grupos de interés. Al respecto señala como la mayoría de los parlamentos occidentales han adaptado diversas modalidades de regulación de las relaciones con grupos de interés, tendentes a facilitar la transparencia y el “accountability” político.
Cervera, que dimitió tras verse implicado en un turbio affaire relacionado con el presidente de Caja Navarra, José Antonio Asiáin, era el encargado por el Partido Popular de negociar la inclusión de un registro de lobbies dentro de la Ley de Transparencia. A su juicio, la Comisión del Estatuto del Diputado podría constituirse como la comisión que estableciera normas de conducta en las relaciones de los diputados con los grupos de interés.
Entre las razones políticas para regular el lobby, Cervera apunta la transparencia, que permite un conocimiento más cabal de la actuación política, y lo somete al veredicto civil relativo a cómo se armonizan los intereses generales con los de las partes interesadas. Además, argumenta que previene la corrupción y facilita el desempeño público y mejora la pauta de adopción de decisiones al abrirlas a la participación de los grupos de interés. También subraya como mejora la percepción de la función parlamentaria y mejora la imagen exterior de nuestra calidad institucional, al homologarnos a otros países de tradición democrática.
En cuanto a las empresas, sostiene el ex diputado del Partido Popular que su propuesta homologa las acciones de las que operan en ámbitos transnacionales, al tener referencias similares en el modo de relacionarse con los reguladores, lo que mejora su eficiencia. También destaca como aumenta el conocimiento y la percepción de las acciones corporativas de las empresas, lo que condiciona su gestión reputacional en beneficio de los ciudadanos.