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El ex ministro chileno y lobista, Enrique Correa, afirma que “el financiamiento irregular de la política no es corrupción”

09-12-2015

Puede que Enrique Correa (70) esté en este momento en su oficina, dando una de las pocas entrevistas que concede al año, pero no sería del todo equivocado decir que está en muchos otros lados al mismo tiempo. Sus huellas en el mundo político, como militante de la DC, el Mapu y el PS, su experiencia como ministro secretario general de Gobierno en plena transición y su posterior trayectoria a cargo de Imaginacción Consultores, la empresa de lobby y manejo de crisis más importante del país, le permiten tener amplias redes, ojos y oídos en diversos espacios de poder.

Lo que solía ser un trabajo sigiloso se ha visto más expuesto tras un año marcado no sólo por el debut de la Ley del Lobby, sino también por los casos de delitos tributarios y de financiamiento irregular que han golpeado a la clase política. Penta y SQM -ambas compañías en su minuto asesoradas por Imaginacción- volvieron a poner la labor de Correa en la arena pública. A ello se sumaron el apoyo brindado al ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo  y sus vínculos con los cardenales Francisco Errázuriz y Ricardo Ezzati.

Desde esa posición, el ex ministro hace un crudo análisis sobre la crisis de confianzas que afecta a las elites. “Este 2015 ha estado marcado por el debilitamiento de los actores principales del escenario institucional”, advierte.

Recientemente se cumplió un año de la Ley del Lobby y ya se habla de una serie de falencias. ¿Se puede afirmar que el lobby en Chile es todo lo transparente que debiera? 

Se ha hecho un gran avance en tener mayor transparencia en las audiencias públicas, pero nosotros no vamos a renunciar a trabajar, a crear conciencia, para que exista un registro de lobistas. Sólo cuando tengamos una ley que contemple un registro de lobistas esto va a ser plenamente transparente.

En este clima de desconfianza dentro del país, ¿cuán costoso o beneficioso es para alguien como usted el aparecer vinculado como asesor en los casos de alto impacto, consolidando la imagen de que es el amigo de los más poderosos del país?

Trabajamos en una actividad regulada, bajo una normativa que nosotros mismos contribuimos a construir y en la que esperamos que haya más regulaciones. Nosotros hacemos nuestro trabajo profesional. No andamos por los pasillos pensando en lo poderoso o no que somos.

¿Cree que la gente entiende lo que es su trabajo como lobista?

Estamos en una fase de acomodo y coincidió con una etapa de desconfianza difícil, pero ya se normalizará.

¿Cómo ve usted, que ha estado acostumbrado a trabajar con esos dos mundos-sobre todo en temas de crisis-, las posibilidades para revertir el escenario de desconfianza que se ha instalado?

Efectivamente, tenemos una crisis de confianza grande al interior de las élites y de la ciudadanía respecto de las élites. Siento que hay que reconstruir la confianza del empresariado hacia el gobierno. La confianza entre el empresariado y el gobierno es la madre de todas las confianzas y tiene un impacto en la gente. Cada vez que se ha trizado, se ha debilitado o derechamente se ha quebrado, es el país el que ha sufrido.

¿De qué modo esa desconfianza impacta en el ciudadano común?

Chile es un país de clase media, donde la inmensa mayoría aspira a una prosperidad mayor. Tanto las personas mayores de 25 años como los adultos sobre los 50 tienen inscrito en el disco duro de sus memorias el hecho de que cuando el nivel de desconfianza entre empresarios y gobierno llegó a su máximo nivel, el país terminó viviendo un horror. Pensar que los climas de desconfianzas sólo afectan o atañen a las élites es un error. Se han debilitado la imagen del gobierno y la conducción empresarial por el caso de colusión de la Papelera. Es un impacto tan grande como el que provocaron el caso Caval y las platas para financiar campañas en el mundo político.

Usted, que se ha especializado en manejo de crisis y que ha participado directamente en el control de algunos de estos casos, ¿ve realmente espacios para restaurar la imagen de empresarios y dirigentes políticos en la opinión pública? 

Se requiere un esfuerzo consciente, sistemático, deliberado y constante, tanto del mundo privado como del sector público, por restablecer las confianzas. Pero hay un punto básico de esta confianza, y que es confiar en el que el país está en un rumbo sensato. Y aunque se requiere una legislación más severa para enmendar, lo cierto es que el mundo empresarial tiene altos estándares de decencia.

¿Cree que hay voluntad política en los distintos sectores a fin de asumir las responsabilidades?

Para crecer más se necesitan más confianzas. Desde ese punto de vista, la economía chilena sólo va a mejorar sobre la base de la inversión, y la inversión requiere confianzas. Podrá haber poca voluntad, pero la necesidad tienen cara de hereje, así que o nos ponemos de acuerdo o tendremos que conformarnos con niveles de crecimientos muy mediocres.

El gobierno, que esta vez tiene a la Presidenta también golpeada por las encuestas, no ha podido encauzar la crisis. Se esperaba que tras el cambio de gabinete, donde asumieron personas que son cercanas a usted, la situación mejoraría. ¿Cómo ha visto al comité político que encabeza uno que lo ha llamado su “amigo”: el ministro Jorge Burgos?

Estoy de acuerdo con esa declaración general que hacen los políticos cuando sostienen que ellos no se guían por las encuestas. Pero en Chile las encuestas son serias, y cuando distintos sondeos coinciden, marcan una realidad social que es indiscutible. El problema que el gobierno tiene al frente es que se ha ido construyendo un muro de desaprobación que va del 65 al 70%, con un alto componente de hombres de clase media que fueron votantes de la Presidenta Bachelet y que, sin embargo, desaprueban la marcha del gobierno. Hay que actuar analizando con profundidad, con seriedad, las razones de ese alto rechazo, en vez de alegrarse por un punto más o menos de aprobación, porque esas son alegrías pasajeras. El ojo hay que ponerlo en cómo se actúa sobre esa masa que desaprueba al gobierno.

 ¿A qué obedece que se esté construyendo ese “muro de desaprobación”, como usted lo llama?

A dos razones que surgen de las propias encuestas. La gente quiere reformas, pero quiere que esas reformas sean bien hechas. En segundo lugar, la gente no quiere reformas con confrontación. Porque en contra de lo que los profetas de la confrontación dicen, eso sólo anima a la minoría. La gente quiere soluciones, que las reformas cambien sus vidas para bien, pero huye de las crispaciones y aborrece la confrontación.

¿Considera que el gobierno ha sido desprolijo en la elaboración de reformas?

No quiero poner adjetivos. Una de las características de los gobiernos de la Concertación fue la calidad de sus políticas públicas. Esa calidad hay que recuperarla. Lo que cabe preguntarse es a qué aspira la clase media y la respuesta es el acceso a bienes públicos de calidad. Por eso, la educación gratuita tiene tal nivel de aprobación en la gente. Es la moneda de oro del gobierno.

¿Cree que tras el cambio de gabinete haya mejorado la forma en que se están preparando las reformas?

Hay un mayor respaldo y respeto al ministro de Hacienda. Lo que aún está abierto es si este gobierno va a representar una mejoría de nivel en el acceso a bienes públicos de calidad. A fin de cuentas, la gente quiere reformas, pero las quiere bien hechas. En ese sentido, es peligroso el discurso antirreformas del ex Presidente Piñera. Proponer un gobierno de restauración no lleva a ninguna parte.

En la Nueva Mayoría se habla públicamente de la falta de fiato entre los ministros. ¿Cree que ese es uno de los costos de haber sacado a quienes eran los principales rostros del bacheletismo y que le daban un tono más refundacional a este gobierno, como Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenas?

El cambio de gabinete y lo que fue de los ministros anteriores ya es pasado. Pero respecto de lo que pasa ahora, creo que se vería mejor un comité político más cohesionado, actuando en conjunto, respaldando a los ministros sectoriales y, en particular, prestando siempre respaldo al ministro de Hacienda.

¿Qué es lo que está fallando ahora que no se logra ese fiato del comité político?

Los comités políticos se estructuran sobre dos bases: el reconocimiento de que el jefe del gabinete es el ministro del Interior, es él quien conduce el comité político. Este no es un grupo de pares, es un grupo de pares que tiene un primero y ese es el ministro del Interior. La segunda base es el buen entendimiento con el equipo económico. Este es un gabinete de mucha prudencia y que ha tenido el cuidado de buscar entendimiento y no confrontación, pero aún tiene que ajustar cuentas con un error básico, y que es la refundación.

¿Aún pesa sobre el gobierno el fantasma de la refundación?

Aún pesa, y hay que ajustar cuentas con ese error básico. La Concertación, como antecesora de la Nueva Mayoría, transformó profundamente el país, por tanto, no hay nada que refundar. Hay mucho por reformar, mucho que mejorar y corregir, viene un tiempo de reformas de segunda generación, pero no entiendo por qué para hacer las reformas de segunda generación que propuso la Presidenta Bachelet hay que renegar de la historia y buscar refundar las cosas. Creo que más allá de las mecánicas internas y del entendimiento entre un ministro y otro, aquí hay que ajustar definitivamente las cuentas con un error de fondo, como fue la idea o el concepto de la refundación.

¿Ve a la Presidenta recuperando su posición en las encuestas? ¿O es de los que creen que el caso Caval no le permitirá retomar los niveles de adhesión que tenía antes?

En política existen los tiempos políticos. Creo que todos los hechos que rodearon el caso Caval ocasionaron una crisis de confianza en la Presidenta, pero tiene atributos de más para recuperar esa confianza. Quedan dos años y hay un amplio campo por recuperar. El país no es una olla a presión a punto de explotar.

La condena a Jovino Novoa, aunque por juicio abreviado, marca para algunos un antes y un después en las investigaciones por irregularidades en el financiamiento ilegal de la política. ¿Cree que pueda tener implicancias para el resto de las investigaciones, sobre todo para lo relacionado con SQM, donde se ha visto afectada la Nueva Mayoría?

Hay que mirar con serenidad el curso del proceso judicial. En tres meses más deberíamos conocer la proporción de todo lo ocurrido, los acuerdos alcanzados con la fiscalía, los nombres de los formalizados y de quiénes van a ser incluidos en la acusación. Tengo la impresión de que los procesos judiciales ya tomaron su cauce más normal y no veo más dramatismo. Hay que esperar que el Ministerio Público haga bien su trabajo. El nuevo fiscal nacional, Jorge Abbott, ya lo ha dicho al criticar la gravedad que tienen las filtraciones. No hay peor lesión a los derechos al acusado que la filtración de la investigación, porque anticipa condenas de los medios de comunicación de mucha gravedad. Creo que en estos casos nos hemos autoinferido un daño muy grande.

¿A qué se refiere?

A que al aceptar que estos casos sean calificados de corrupción pura y simple nos hemos autoinferido un daño muy grande. Hay una distinción muy profunda que hacer en lo que entendemos en el lenguaje común como corrupción y el tema del financiamiento de la política. Es claro que el financiamiento de la política debe ser reformado, que debemos cerrar definitivamente esos espacios que permitieron formas irregulares, engañosas, informales-póngale el nombre que quiera- de financiamiento político, pero no es corrupción. La corrupción supone el intento de enriquecimiento personal ilícito y eso es distinto a lo que pasó en los casos de financiamiento de campañas. No estoy diciendo que las cosas estuvieron bien hechas, ni que no se debe legislar para cambiarlas. Pero habernos autoinferido este daño como país al decir que todo esto era corrupción, el que la propia elite transmitiera a la gente que todos son corruptos, fue un gran error.

¿La cooptación de dirigentes políticos por parte de empresarios mediante el financiamiento de sus campañas no es acaso corrupción?

En muchos países hay financiamiento privado de la política. Y para los casos de cooptación por parte de privados, de políticos o funcionarios públicos existe otra figura penal que sanciona esos hechos y es el cohecho. Pero son casos distintos. Por eso, insisto, el que nosotros mismos nos autoinferimos un daño muy grande al permitir que se asimilara los casos de financiamiento irregular de la política a corrupción. Fue un error muy grave.

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