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Latinoamérica

El fiscal Jorge Díaz investigará violaciones de derechos humanos durante la dictadura

06-10-2016

-Su idea es crear una fiscalía especializada en crímenes de Lesa Humanidad. ¿Usted presentó ante el Ejecutivo un anteproyecto de ley?

-Efectivamente remitimos ante el Poder Ejecutivo un anteproyecto de ley. Tenemos entendido que el Ejecutivo hará suyo este proyecto, y lo remitirá al Parlamento para su aprobación. Lo que planteamos, es autorizar la transformación de una de las Fiscalías penales de Montevideo, en una fiscalía que se encargue de todas las causas que existan por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Una vez que esto ocurre, todos los juzgados que tengan causas por esta razón, deberán seguirlas con esa fiscalía.

Desde el año 2012, tratamos de darle impulso al avance de estas causas. Muchas de ellas llevan mucho tiempo, otras son de distintos periodos históricos. Hay causas que se iniciaron en el año ´85, cuando la recuperación democrática, hasta la aprobación de la Ley de Caducidad. Luego, hay causas que se iniciaron durante la vigencia de la Ley de Caducidad y a partir del año 2005, empezaron a aparecer nuevas causas, porque se las excluía de esta ley por parte del Ejecutivo, y con posterioridad a la Sentencia de la Corte Interamericana de DDHH, en el caso Gelman contra Uruguay, en el cual se condenó a nuestro país y se le impusieron determinadas obligaciones de carácter general y particular.

En cumplimiento de esa sentencia, el Poder Ejecutivo de la época, lo que hizo fue excluir a todas las causas que anteriormente se habían incluido en la ley (caducidad). Todas las causas quedaron en trámite, luego empezó un proceso en el cual se ha ido avanzando, pero con mucha lentitud.

Desde la Fiscalía, lo que vemos es que el Estado, que es el organismo de persecución que debería tener una política criminal, una estrategia, no la tiene, y  las defensas (de los militares) sí la tienen. En todos los expedientes, hay un hilo conductor, se pueden apreciar escritos iguales de defensores distintos, de personas distintas, hay una estrategia común, mientras que el Estado, no la tiene, cuando es el Estado el que debería tener una estrategia, pero producto de la disparidad de jueces y de fiscales que intervienen en cada una de las causas, no la tiene. El Estado no ha tenido una estrategia de persecución clara. Nosotros tratamos de resolverlo, planteando la creación de una unidad especializada.

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