Los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G20, el grupo que engloba a las 19 economías de las más importantes del mundo (falta China) y la Unión Europea , en el que España participa como invitado permanente, se reunieron ayer en Sydney, la capital de Australia, para valorar la situación económica mundial, promover medidas de crecimiento económico y analizar el desarrollo de los acuerdos alcanzados en anteriores reuniones del Grupo.
Al igual que el resto de los comunicados finales del G20, tanto de la cumbre de Jefes de Estado como de las reuniones de responsables económicos, el de Sidney está repleto de retórica optimista y exigente y es prisionero del clamoroso incumplimiento y retraso sobre los plazos de las medidas comprometidas en otras cumbres, en especial en lo que atañe al secreto bancario y la elusión fiscal.
La declaración de Sydney de ayer se marca ahora finales de 2015 como meta para acabar con la evasión fiscal de las multinacionales
Han pasado cinco años desde la célebre reunión de Londres, en abril de 2009, cuando el G20 emitió un comunicado final en el que certificaba la próxima muerte del secreto bancario, “the era of banking secrecy is over”, decían entonces sin pudor los líderes políticos de los miembros del club. No se quedaban en la lapidaria frase, sino que prometían acciones contra “las jurisdicciones que no cooperasen” en la implantación de los nuevos principios de honestidad financiera, “incluidos los paraísos fiscales”.
Respecto a la elusión fiscal, ya entonces escandalosa de las grandes multinacionales, especialmente de las surgidas en la economía digital, casi todas estadounidenses (Google y Amazon, entre las más destacadas), decían en el comunicado de Londres de hace cinco años que “estamos preparados para desplegar sanciones con el fin de proteger nuestras finanzas públicas”.
Un lustro después de la declaración de Londres, hay todavía 14 jurisidicciones que no aplican siquiera los estándares de la OCDE
Un lustro después la situación es la misma o peor: los paraísos fiscales acumulan más dinero que nunca, hay 14 jurisdicciones que no aplican siquiera los estándares fiscales menos exigentes de la OCDE, y la elusión fiscal de las grandes multinacionales de las tecnologías de la información escandaliza a toda Europa.
En el comunicado emitido ayer en Sydney, el punto noveno, relativo a la fiscalidad, es el más extenso, pero probablemente el menos concreto. Dice que los veinte se han comprometido a dar una repuesta global a esta elusión fiscal de las empresas (Base Erosion and Profit Shifting, en inglés), basada en sólidos principios de política fiscal, que no son otros que pagar los impuestos “donde se realiza la actividad económica y donde el valor es creado”.
El G20 añade que apoya el plan de acción de la OCDE sobre esta materia, que se presentó en julio de 2013 y que, según se decidió en la cumbre de septiembre celebrada en Moscú, debía llevarse a cabo en el plazo de año y medio a dos años. Ya en la capital de Rusia se advertía de que “hay que determinar cambios en las reglas fiscales internacionales para enderezar los diferenciales entre los sistemas fiscales de los países, pero respetando la soberanía de cada país para determinar sus propias normas”. O sea sí, pero ya veremos lo que dice Irlanda.
Uno de los puntos consensuados era el de que hubiera un patrón común de transparencia por el que las empresas especificasen cuánto pagan en cada país donde operan. Se desconoce las razones por las que todavía no se les exija que lo hagan hasta dentro de dos años. Antes incluso hay que examinar los tratados fiscales internacionales, los precios de transferencia y el fuero de establecimiento permanente para asegurarse de que los beneficios pagan impuestos allá donde haya habido actividad económica y se haya creado valor.
En un ejercicio de econometría mágica, el G20 se saca de la manga 2 billones de dólares en cinco años
En cuanto a los paraísos fiscales, dejan para finales de 2015 la introducción del intercambio automático de datos fiscales, cuyo formulario se establecerá en la cumbre de Brisbane del mes de septiembre. El comunicado reclama a todos los países que cumplan con los estándares que ha establecido al OCDE y firmen el acuerdo multilateral de ayuda mutua en materia fiscal. Dicen, al igual que lo hacían hace cinco años, que están preparados para tomar medidas coercitivas contra los 14 países que no han pasado los estándares, entre ellos Suiza, Panamá, Líbano y Emiratos. De momento, ver para creer.
De Australia ha surgido un nuevo brindis al sol. Se trata de una promesa del Grupo de “desarrollar políticas ambiciosas y realistas con la intención de elevar el PIB colectivo más del 2% en cinco años sobre el que se conseguiría con la actual política económica. Surrealista declaración de los figuras presentes en Sydney, incluido Guindos. Un ejercicio de econometría mágica, que les sirve para cifrar en 2 billones de dólares la cantidad extra de producción que generarán las medidas, que entrarán en un vago Plan de Acción que saldrá de la cumbre de mediados de noviembre en Brisbane. Sigue el simulacro, aquel que empezó con la refundación del capitalismo prometida por el líder de la derecha francesa, Nicolas Sarcozy, unos meses antes de la cumbre de Londres, hace cinco años. En España y en muchos otros sitios estamos ahora mucho peor.
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