08-08-2012
Seis meses después de que estallara el escándalo que puso al vicepresidente Amado Boudou en una complicada situación por sus presuntos vínculos con el máximo ejecutivo de la ex Ciccone Calcográfica, Alejandro Vandenbroele, el Gobierno intervino ha intervenido la compañía impresora de billetes de manera sorpresiva. Además, ha enviado un proyecto de ley al Congreso para disponer su expropiación, lo que va a debatirse en el Senado.
La ex Ciccone Calcográfica es una empresa con dueños desconocidos, pérdidas millonarias y que está además siendo investigada en la Justicia por lavado de dinero, en el marco de una causa en la que Boudou está imputado por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.
Los interventores de la compañía serán el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y la titular de la Casa de Moneda, Katya Daura, una funcionaria de confianza de Boudou.
En el proyecto para declarar la compañía “de utilidad pública y sujeta a expropiación”, el Gobierno no aludió al escándalo, o a los expedientes abiertos en la Justicia comercial y penal, sino que señaló a la gestión menemista como factor determinante de su sorpresiva decisión.
El anuncio, sin embargo, fue recibido con recelo por distintas figuras de la oposición que durante los últimos meses impulsaron proyectos similares de expropiación. Consideran que podría tratarse, tal como lo impulsa el Gobierno, de una táctica para encubrir acciones y documentos que podrían resultar comprometedores (de lo que se informa por separado).
