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Latinoamérica

El Gobierno argentino oculta los sueldos de Cristina Kirchner y sus ministros

21-02-2014

En base al derecho previsto en el decreto número 1172 de 2003, en los últimos días el equipo del diario La Nación  hizo un pedido de información pública en la que requirió la “planilla actualizada de los sueldos de brutos y descuentos por ministros y por cargo del Poder Ejecutivo Nacional”. En la solicitud, remitida a la Secretaría General de Presidencia encabezada por Oscar Parrilli, se adjuntó la última nómina que esa dependencia hizo pública en su página web, en enero de 2012.

Desde Casa Rosada decidieron negar la información de los haberes de los funcionarios. “Se le informa que los salarios se consideran información referida a datos personales de carácter sensible, conforme a la Ley 25.326 y a los dictámenes de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (Dnpdp) N° 37/08 y 1/13”, respondió Casa Rosada en un escrito firmado por la directora general de Programa de Gobierno, la doctora Alicia Alonso.

Presidencia se escudó en la ley que regula “la protección integral de los datos personales para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas”. Además, el Gobierno hizo referencia a pedidos similares rechazados por la la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. En esos escritos, la dependencia había argumentado que se requiere un “interés legítimo” para solicitar la información y un “previo consentimiento del titular de los datos”. Y concluyó: “Brindar información relativa a remuneraciones puede implicar una lesión a la intimidad de su titular y poner en riesgo su seguridad personal”.

Según un informe de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la excusa sobre los “datos personales” fue la más utilizada por el Gobierno en los últimos dos años para negar información pública. “Lo que hace la Casa Rosada es una lectura incorrecta. Utiliza la ley de datos personales para negar ilegítimamente el acceso a información pública, en este caso de enorme relevancia, debido a que se trata del sueldo que percibe el jefe de Estado”, consideró Ramiro Álvarez Ugarte, abogado de ADC.

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