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Latinoamérica

El Gobierno argentino protege a Lázaro Báez, socio de la presidenta, investigado por lavado de dinero

28-04-2014

El Gobierno de Cristina Kirchner profundizó la protección estatal a las empresas vinculadas a Lázaro Báez, socio comercial de la Presidenta e investigado por lavado de dinero en la Argentina, Uruguay y Suiza. La Inspección General de Justicia (IGJ) bloqueó de tal modo el acceso a la información pública de Helvetic Services Group, una de las compañías involucradas en el caso de “La Ruta del Dinero K”, que una abogada que solicitó esa documentación durante los últimos diez meses, Silvina Martínez, acaba de interponer un amparo en la Justicia para conseguirla.

Ese “cepo” informativo en la IGJ jamás había ocurrido en democracia, y también favorece a empresas vinculadas al caso Ciccone. A esa protección oficial para Báez, se le suman otras, en las que están involucradas la misma IGJ, pero también la Unidad de Información Financiera (UIF), de José Sbatella; y la Secretaría de Energía, de Daniel Cameron, entre otros organismos.

Clarín pudo saber que dos de las petroleras del socio de la Presidenta, Misahar y Epsur, incumplen con las reglas burocráticas que los registros públicos le exigen tener a las sociedades comerciales. Con aval de los Kirchner, esas dos empresas ganaron la concesión para explorar pozos petroleros en Santa Cruz.

Aun así, o a pesar de eso, una de las petroleras de Báez, Misahar, no cumple con las normativas gubernamentales contra el lavado. Según fuentes que conocen la trastienda de los registros oficiales como la IGJ, las autoridades de Misahar nunca respondieron de modo oficial si son “personas expuestas políticamente”, una regla que la UIF le exige declarar incluso a empleados de clase media o clientes promedio de los bancos.

A esta irregularidad se le agrega otra. A pesar de que funciona hace varios años, y de que explota pozos petroleros en el Sur, Misahar recién hizo oficial un aumento de capital durante este año. Hasta ahora, siempre según lo declarado por la firma al Estado, su capital inicial declarado era sólo de $ 260.

El caso de la protección estatal a Misahar es llamativo por motivos obvios: la familia Báez, propietaria de Misahar, está siendo investigada por el delito de lavado de divisas en el país y el extranjero. En Suiza, por caso, las cuentas de los Báez fueron bloqueadas por las autoridades nacionales una vez que se comprobó la veracidad que tenían las denuncias periodísticas sobre el caso de “La Ruta del Dinero K”.

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