El Gobierno de Rajoy sólo presupuesta 10,5 millones de euros para el sector que lucha contra la pobreza y la exclusión social

El Gobierno de Rajoy reparte 10,5 millones de euros –menos de los 11,8 millones de euros brutos que ingresan al año los treces ministros y el presidente- en subvenciones al Tercer Sector con cargo a los Presupuestos del Estado 2015. La partida va destinada a las entidades benéficas que tratan de hacer frente a las situaciones de pobreza, desigualdad y de exclusión social, según recoge Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, aprobada por las Cortes Generales y sancionada por el Rey Felipe VI.

“A pesar de la positiva evolución seguida por nuestra sociedad, la marginación o la exclusión a la que se ven sometidos habitualmente determinados grupos aún no ha encontrado una adecuada corrección. De hecho, en los últimos treinta años, en los que se ha producido un desarrollo económico y social considerable, no se han erradicado las desigualdades, sino que estas han persistido, repercutiendo intensamente sobre la vida de los grupos de población más vulnerables”, reconoce el propio Ejecutivo en el documento publicado en el BOE. Una situación a la que no han sabido hacer frente ni gobiernos progresistas ni conservadores.

El reparto del Gobierno

A la cabeza de las subvenciones recibidas se encuentra Cruz Roja, con 1,4 millones de euros seguida de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica y la Plataforma de Organizaciones de Infancia con 1,1 millones  de euros, respectivamente. A Cáritas Española, entidad muy crítica con las políticas sociales de los Gobiernos de Rajoy y Zapatero, se le conceden 850.272 euros. En el reparto del Gobierno llama la atención la exigua asignación a la Federación Española para la Lucha contra la Esclerosis Múltiple, 33.000 euros, o a la Federación Española de Sordoceguera (FESOCE), 14.000 euros, la más baja de todas. El objeto de estas ayudas responde al sostenimiento económico-financiero de las estructuras centrales de las 36 entidades benéficas receptoras de las mismas, que incluirá gastos corrientes y los derivados de funcionamiento ordinario de las mismas.

El Tercer Sector de Acción Social, a través de su Plataforma, representa en torno el 2,5% del empleo nacional a través de 29.000 entidades en todo el país,  en las que trabajan más de medio millón de personas remuneradas y  cerca de 900.000 voluntarios, que prestan servicios de apoyo directo a más de cinco millones de personas, en su mayoría en situación de vulnerabilidad y exclusión social. “En todo momento se ha postulado como una vía de acción ciudadana alternativa, o a veces complementaria, respecto de la gestión institucional pública, con soluciones nacidas de la participación social orientadas a evitar que determinados grupos sociales se vean excluidos de unos niveles elementales de bienestar”, se afirma el documento refrendado por Felipe VI.

El Ejecutivo considera necesario establecer un marco regulatorio, a nivel estatal, que ampare a estas entidades. Una de sus prioridades es la interlocución con las entidades benéficas a través de la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La Ley recoge la regulación por vía reglamentaria del Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social.

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