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El gobierno de Ecuador declara el estado de excepción en zona de minería ilegal

03-07-2019

La situación en La Merced de Buenos Aires se volvió prácticamente incontrolable. Informes oficiales dan cuenta de los conflictos que se viven en la zona minera del cantón Urcuquí, que obligaron al Presidente Lenín Moreno a tomar medidas radicales, como un Estado de Excepción, que rige desde ayer.

Más de dos millares de policías y militares desplegaron en la madrugada de este martes un operativo en contra de la minería ilegal en la provincia andina de Imbabura, pocas horas después de decretarse el estado de excepción.

La Ministra del Interior, María Paula Romo, indicó en una rueda de prensa que el operativo inició alrededor de las 04:30 hora local en la zona de la parroquia La Merced de Buenos Aires, ubicada en el cantón Urcuquí de la provincia de Imbabura.

Según la funcionaria, esa parroquia tiene unos 1.800 habitantes, pero en la zona de montaña donde se desarrolla la minería ilegal, calculan que hay “miles de personas asentadas, dedicadas a actividades ilegales”, no solamente a la minería ilegal, a la que se refirió como una “amenaza multidimensional”.

Entre los delitos que han identificado en la zona, mencionó “algunas muertas violentas”, explotación laboral y sexual, así como trata de personas, evasión fiscal, lavado de activos, extorsión, intimidación y contrabando.

El operativo de seguridad, en el que también participaron delegados de la Fiscalía, se desarrolló después de que el jefe de Estado, presidente Lenín Moreno, decretara el lunes el estado de excepción por sesenta días. La medida se adoptó “por grave conmoción interna” en la parroquia La Merced de Buenos Aires, “por los constantes hechos de violencia registrados”.

Amparado en la Constitución, Moreno emitió el Decreto 812, “declarando el Estado de Excepción por grave conmoción interna en la parroquia La Merced de Buenos Aires, del cantón Urcuquí, de la provincia de Imbabura, por los constantes hechos de violencia registrados en la mencionada zona”.

Esta decisión implica, entre otras cosas, la suspensión del ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito y libertad de asociación y reunión, a la población que reside en el área de extensión que corresponde a la parroquia.

La medida se sustenta en los constantes hechos de violencia registrados en la zona, que el decreto dice “han escalado a un alto nivel de intensidad y de afectación a los derechos de sus habitantes y a la seguridad del Estado, a fin de controlar la situación de inseguridad y violencia, restablecer el orden y garantizar los derechos de las personas que habitan en dicha zona”.

Se dispone, además, la movilización en todo el territorio nacional hacia Urcuquí, de tal manera que todas las entidades de la administración pública central e institucional, en especial la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y la Agencia de Regulación y Control Minero coordinen esfuerzos, en el marco de sus competencias, con la finalidad de ejecutar las acciones necesarias para restablecer el orden, la seguridad y el acceso efectivo a los derechos de las personas que habitan el lugar.

En cuanto a seguridad, se dispuso a la Policía Nacional el control de armas de modo permanente durante la vigencia del Decreto Ejecutivo, en la zona dentro del Estado de Excepción. Así como la determinación de horarios de circulación restringida, bajo responsabilidad de las entidades encargadas de la ejecución de la medida.

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