El Gobierno interfiere en la gestión de Repsol para acordar con Argentina y México la compensación por YPF

En una acción que nos retrotrae al pasado franquista, el Gobierno de Mariano Rajoy a través del inepto ministro de Industria, José Manuel Soria, ha interferido en la gestión de la empresa privada Repsol, que cotiza en Bolsa, en un acto de diplomacia entreguista sonrojante, presionando para que la compañía petrolera presidida por Antonio Brufau  acepte el justiprecio que le plantea el Gobierno de Argentina para poner fin al contencioso surgido tras la expropiación en abril del año pasado del 51% de la empresa, propiedad de la empresa española sin indemnización alguna.

Sin haberse hecho público el motivo, ayer hubo una reunión de urgencia e imprevista en Buenos Aires en la que según un comunicado oficial del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Argentina (no hecho público en su web) se produjo “a instancias de los gobiernos de Argentina, España y México, teniendo como participantes “por parte de España el Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria; por parte de México el director general de Pemex Emilio Lozoya Austin; y por parte del gobierno argentino el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Dr. Axel Kicillof y el Secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Dr. Carlos Zannini”.

A la reunión asistieron también “el presidente de YPF Miguel Galuccio, el director general de negocios de Repsol, Nemesio Fernández Cuesta, Isidro Fainé en representación de la Caixa y el Embajador argentino en España, Don Carlos Bettini”. De esta reunión en la que se “ha arribado a un principio de acuerdo acerca de la compensación por la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF ocurrida en abril de 2012, sujeto a ratificación de los máximos órganos rectores de Repsol”, nada se comunicó ayer oficialmente por las autoridades españolas.

Lo más oficial que se pudo encontrar es un despacho de EFE, la agencia de noticias del Estado, en el que se manifestaba que el principio de acuerdo alcanzado lo era entre “los Gobiernos de España y Argentina (sin citar en ningún momento al de México) en “una reunión entre el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, con el recién nombrado jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich”.

De este preacuerdo, lo único que se ha dicho es que “implicará fijar el monto de la compensación y su pago con activos líquidos y que ambas partes desistirán de las acciones legales en curso. Todo este vergonzante acontecimiento de intromisión del Gobierno se produce pocos días después de que el presidente Mariano Rajoy dijera en una entrevista en Radio Nacional que “no está especialmente preocupado” por la crisis que había abierto en Repsol su socio mexicano Pemex y que confiaba en que “los problemas se vayan resolviendo”. Para ello contaba como gran baza la “magnífica relación” que mantiene  con el  presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Estas declaraciones del presidente en las que mantenía la línea oficial del Gobierno de que lo que ocurre en la petrolera es un problema interno de una compañía privada en la que no puede entrar se produjeron el día 21 de este mes, y seis días antes, el ínclito Soria había acudido a México a conocer de primera mano el “cabreo” que tenía Pemex por no aceptar Repsol las irrisorias condiciones que había planteado Argentina para resolver el caso.

Pemex, un Estado dentro del Estado, presidido por el zar Emilio Lozoya, bien relacionado a nivel de negocios con OHL, debió recordarle a Soria que México es el principal destino de las exportaciones españolas a Latinoamérica, y que hay muchos intereses españoles en su sector financiero, energético, turístico y de infraestructuras, además de que tiene pendiente de ratificar un contrato de construcción de dos buques con astilleros gallegos.

A Soria le debe importar un pepino la soberanía nacional y otros principios mercantiles que hay que mantener a rajatabla, como es la defensa plenamente justificada de los intereses de Repsol, y ha decidido oficiar de Celestina en este apaño, que el consejo de la empresa española debería rechazar rotundamente si el principio de acuerdo está muy alejado de la reclamación de Repsol, una cantidad que no puede alejarse de los 5.000 millones de euros.

Mañana miércoles se reúne el consejo para estudiar el “principio de acuerdo” del que no hay cifras. Es seguro que los consejeros que representan a Sacyr, La Caixa y Pemex votarán a favor ya por causas incluso “ajenas a su voluntad”, pero el presidente, Antonio Brufau y Suárez de Lezo, el otro consejero ejecutivo, tendrán que convencer a los independientes de que voten en contra si el principio de acuerdo “que contribuye a normalizar y fortalecer los históricos vínculos entre los tres países y sus empresas” es lesivo para los accionistas de la multinacional española.

El Gobierno debería estar ya dando explicaciones en el Parlamento de las razones de Estado por las que ha “instado” esta reunión trilateral y sobre cuál es su forma de entender la gestión privada de una empresa y sus límites.