El grupo de Sacyr reclama a Panamá 3.481 millones de dólares por sobrecostes de la obra del Canal

Hace ahora dos años, Grupo Unido por el Canal, el consorcio que lidera Sacyr para la construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, suspendió las obras alegando que no podía inyectar más fondos para continuar el trabajo debido a que habían surgido sobrecostes por circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el proyecto,  que había ganado con una oferta (calificada de temeraria por analistas y el resto de competidores) de 3.118 millones de dólares. En esas fechas, Sacyr y sus socios habían reclamado al contratista, la Autoridad del Canal (ACP) 1.625 millones de dólares por los pretendidos sobrecostes, una reclamación que Panamá se negó a atender y se derivó a los tribunales de arbitraje, incluido el de la Cámara de Comercio Internacional.

El órdago de Sacyr obligó a intervenir al Gobierno español por convertirse casi en un caso de Estado y finalmente la constructora consiguió in extremis un nuevo acuerdo para que se movilizasen nuevos fondos y la aceptación de un retraso en la finalización de la obra, hasta el 31 de diciembre del año pasado, que posteriormente se amplió hasta abril. El hecho es que ahora el consorcio de Sacyr ha aumentado las reclamaciones por sobrecostes hasta la cantidad de 3.481 millones de dólares, una cifra escandalosa que duplica el coste al que se comprometió en la plica ganadora del concurso, los 3.118 millones de dólares citados anteriormente.

Hasta ahora, la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés) ha resuelto cinco peticiones del grupo de Sacyr, con un resultado no muy  favorable a la empresas española y sus socios, ya que de 803 millones de dólares reclamados al contratista, sólo le han concedido 283,3 millones, un 35% de lo pedido. En las dos últimas resoluciones dictadas hace pocos días por la Dispute Adjudication Board, el consorcio constructor reclamaba 45,13 millones y le concedieron un 38,7%, en total 17,48 millones de dólares. Aunque estos fallos arbitrales pueden ser recurridos, como ha ocurrido hasta ahora, por ambas partes en Miami ante el tribunal de la Cámara de Comercio Internacional, es significativo  que la DAB haya advertido de que Sacyr y sus socios inflan artificialmente los costes con su metodología de cálculo.

Sacyr tiene el 41,6% del capital del consorcio y si las reclamaciones no dan el resultado esperado las pérdidas pueden ser muy elevadas.  En la última memoria presentada por la Autoridad del Canal se dice que el grupo de Sacyr le adeuda 864 millones de dólares, que es el dinero de más que le ha concedido respecto a los compromisos de obra, que ya está concluida en un 96%. Dos terceras partes de esta deuda está asegurada por bancos y aseguradoras, aunque es posible que alguna institución pública española pueda ser avalista, y el resto está garantizada por responsabilidad solidaria de las empresas que forman el consorcio, Sacyr, Impregilo, Jan de Nul y CUSA.

Una obra que ha dañado la marca España

El grupo que encabeza Sacyr está originando una mala reputación en la marca España con sus reclamaciones, que conllevan además de la petición económica también la de más retrasos. Hay que tener en cuenta que una obra de este calado genera pérdidas muy altas por cada día de retraso que impide el paso de buques de gran tonelaje y su correspondiente peaje. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, reclamaba hace tres días a la constructora que deje las reclamaciones legales en manos de las instancias competentes para que el nuevo Canal pueda ser abierto en mayo (el contrato último reformado marcaba la apertura a mediados de abril).

Además del previsible agujero en el que puede terminar este megacontrato si las reclamaciones  no se saldan con resultado positivo, ya que en las cuentas de la obra compartida se contabilizan como ingresos más del 30% del total de las reclamaciones,  Sacyr tiene en estos momentos otro quebranto potencial considerable en el balance, que no es otro que los 1.600 millones que todavía debe de la entrada en Repsol, un dinero que tras la  negociación del pasado año no tendrá que pagar hasta finales de 2018. Estos 1.600 millones no se cubren con el porcentaje inferior al 10% del capital que tiene en la compañía petrolera, que además está sobrevalorada en libros, ya que el precio medio de compra fue de 26,7 euros por acción y ahora cotiza a 10 euros tras el hundimiento del precio del petróleo,  lo que le obligará a realizar una provisión elevada en las cuentas del ejercicio 2015.