Los grandes grupos siderúrgicos integrados en EUROFER, el lobby del acero, lanzaron sin éxito una ofensiva para impedir la reducción de las emisiones de CO2 que se plantea en la Unión Europea. En una carta abierta dirigida a los Jefes de Estado y Gobierno de la UE, 60 altos ejecutivos argumentan que la aplicación del nuevo marco acarrearía una gran pérdida de empleo (335.000 puestos de trabajo directos y 1,5 millones de indirectos) y un coste para el sector estimado entre 70.000 y 100.000 millones de euros. En la reunión del Consejo Europeo que decidirá la nueva política de energía y clima se ha refrendado el objetivo, vinculante para la UE, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión por lo menos en un 40 % para 2030 con respecto a los valores de 1990. Esta ha sido la última reunión presidida por Herman Van Rompuy antes de la entrada en funciones del nuevo presidente electo, Donald Tusk.
Difícil acuerdo con la industria
para 2030
“El nuevo marco es un objetivo extremadamente difícil para la industria europea, en ausencia de restricciones similares para nuestros competidores en todo el mundo. Pero el claro compromiso de los jefes de Estado para establecer medidas de salvaguardia en el plano de las instalaciones más eficientes es una señal positiva para la inversión industrial, el crecimiento y el empleo en Europa “, señala en un comunicado Axel Eggert, Director General interino de EUROFER, la patronal que representa el total de la producción de acero en la Unión Europea, sus miembros son las compañías y federaciones nacionales de toda la UE. Hasta el último minuto presionó para paralizar la nueva norma. Representada por UNESID, la industria siderúrgica española desplazó como lobista a Luxemburgo a su director general, Andrés Barceló.
En los últimos días la patronal española ha buscado aliados para defender su posición común con el lobby del acero al que pertenece. El decano del Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste de España, Juan José Fernández, ha manifestado el apoyo del colegio en un acto conjunto con la patronal. En Asturias se encuentra enclavada Arcelor Mittal, una de las multinacionales que apadrina el lobby. Los argumentos para rechazar la normativa se sustentan desde Unesid en la pérdida del empleo que acarrearía (60.000 personas trabajan en España), y en que las fábricas han reducido más del 40% de sus emisiones de CO2 en las dos últimas décadas. “Las proyecciones de reducción de emisiones de CO2 que la UE está haciendo para el año 2030 tienen exceso de voluntarismo que pone en riesgo el futuro del sector”, subraya Andrés Barceló.
“Creo que siendo legitima la preocupación del sector por la competitividad, hay errores en el diagnóstico de los problemas y las soluciones. Son,desde luego uno de los sectores que merecen mas atencion y,quizas, medidas ad hoc durante la transicion energetica y la descarbonizacion pero se confunden si piensan que defender el statu quo actual o un retraso en estas politicas ayuda a resolver sus problemas”, explica a La Celosía un experto que prefiere guardar el anonimato. “Afrontan en general un duro ajuste en la demanda europea y un mercado eléctrico que necesita amoldarse a una nueva realidad”, subraya.
En defensa de las plantas más eficientes
En la carta abierta los 60 altos ejecutivos proponen un sistema de comercio de derechos de emisión que funcione, con objetivos realistas, que no grave a las plantas más eficientes, incentivando así a mejorar a las que se encuentren por debajo de ese nivel. “Compartimos la ambición de encontrar una respuesta efectiva frente al cambio climático, para lo que es necesaria una política que apoye la existencia de una sólida industria con los puestos de trabajo que ésta representa en Europa”, subrayan. La producción de acero bruto en la UE se sitúa un 20 % por debajo de los niveles registrados antes de la crisis. Desde UNESID advierten que si no se logra un reequilibrio entre las políticas industriales, energéticas y de lucha contra el cambio climático de la UE, el sector siderúrgico, que aporta un 1,4 % del PIB de la UE, se debilitará aún más y con él la producción industrial y el empleo en Europa.
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