El lobby europeo de los Trabajadores Sexuales envía una carta de protesta a Pedro Sánchez e inicia una campaña de movilización contra la prohibición del sindicato español

El Comité Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Sexuales en Europa (ICRSE) lanza una campaña de protesta contra Pedro Sánchez por anular su sindicato en España. Este lobby, que representa a más de 100 organizaciones que colaboran con trabajadores,

y trabajadoras  sexuales, además de trans dedicados al comercio carnal, en 31 países de Europa y Asia Central, anima a enviar una carta de protesta a Pedro Sánchez, presidente de España, “quien personalmente tuiteó que el sindicato era anulado”, aseguran en la misiva.

Desde ICRSE se convoca a organizaciones de trabajadores sexuales, sindicatos y organizaciones de derechos de la mujer para denunciar el problema del gobierno español de anular el registro del sindicato. El anuncio del Gobierno de tumbar la constitución del sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), cuya resolución fue publicada el pasado 4 de agosto en el BOE, ha sido duramente criticado por esta organización, como recoge 20 Minutos, que en un comunicado ha explicado los motivos por los que decidieron crear el sindicato de trabajadoras sexuales.

En la carta de protesta se le explica al presidente como “mientras que los gobiernos europeos pueden tener una opinión diferente sobre la prostitución o el trabajo sexual, nos sorprende profundamente ver que el nuevo gobierno socialista de España está tratando de anular la unión de las trabajadoras sexuales. Hasta donde sabemos, el único otro país de la región que ha rechazado el derecho de auto sindicalización de los trabajadores del sexo es Rusia”. Califican de vergonzoso para el gobierno socialista de España la anulación del registro del sindicato de trabajadoras y trabajadores del sexo, ya que, en su opinión, constituye una violación peligrosa y perjudicial de las normas de los derechos humanos.

Pide herramientas legales contra los empresarios explotadores

“Hoy somos las trabajadoras sexuales las que estamos viendo pisoteados nuestros derechos de la mano del Gobierno Socialista de Pedro Sánchez Castejón, un gobierno que se declara feminista, pero que intenta impedir a toda costa que un grupo de mujeres españolas y migrantes se auto-organice y tenga mejores herramientas legales para luchar contra las condiciones abusivas de los empresarios”, denuncian desde la Asociación de Profesionales del Sexo (APROSEX), que forma parte del lobby europeo.

“Empresarios que bajo licencia de funcionamiento expedida por el Reino de España se llevan una buena tajada de lo que producimos a cambio de ninguna prestación de ley por no estar reconocido como trabajadoras”, subrayan desde APROSEX. “El Reino de España no duda en contabilizar los ingresos derivados de nuestra actividad dentro del PIB, eso parece que no les genera el menor conflicto ético, pero que un grupo de mujeres estigmatizadas e históricamente denostadas intente organizarse de manera autónoma, eso sí parece que les genera un conflicto grave”.

Con la impugnación del Gobierno socialista, según estas organizaciones del sexo, se abrirá un peligroso precedente. “De aquí en adelante cualquier gobierno, bajo cualquier pretexto podrá invalidar cualquier sindicato que le parezca inadecuado mediante decreto ley, aunque éste haya sido aprobado por el Ministerio de Trabajo español pues cumple con todos los requerimientos legales. No solo peligra la libertad sindical, si no todas, podríamos perder el derecho de libre reunión, de libertad de circulación, de expresión de manera progresiva”.

Argumentos a favor del sindicato en España

Desde el lobby europeo ICRSE se argumenta que “las y los trabajadores sexuales en España, como en muchos países de Europa y en el mundo, se encuentran entre los miembros más marginados y discriminados de la sociedad que sufren altos niveles de violencia y violaciones de los derechos humanos”. Aclara que el Convenio Europeo de Derechos Humanos reconoce, en virtud del artículo 11, el derecho fundamental a formar sindicatos y afiliarse a ellos, lo que hace que la sindicalización sea un derecho establecido que se aplica en todo el Consejo de Europa. Recuerda como España también ha ratificado varios tratados internacionales de derechos humanos que reconocen aún más el derecho humano fundamental de los trabajadores a organizarse y sindicalizarse. Algunos ejemplos incluyen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que, según el Artículo 22, establece que “todos tendrán derecho a la libertad de asociación con los demás, incluido el derecho a formar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de [sus] intereses”.

El artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece “el derecho de todos a formar sindicatos para la promoción y protección de [sus] intereses económicos y sociales”. Además, el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre La libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (1948) establece además los derechos fundamentales de los trabajadores a organizarse y señala en el artículo 4 que las organizaciones de trabajadores “no pueden ser disueltas ni suspendidas”.

El tráfico sexual, la otra cara de este gran negocio

A la regularización de la prostitución como un trabajo más, con sus derechos y deberes, se oponen expertos que consideran que induce a incrementar el tráfico sexual, un gran negocio. La OIT estima que el tráfico sexual mundial genera 99.000 millones de dólares en beneficios cada año para los traficantes. Es una industria de explotación que ha crecido rápidamente en las últimas décadas, sostiene Hannah Bondi. El tráfico sexual, tal como lo entiende la Coalición contra la Trata de Mujeres (CATW), es la trata de personas para “el reclutamiento y transporte, dentro y fuera de las fronteras, de una persona con fines de explotación sexual”. Esta esclavitud sexual está ocurriendo en nuestras puertas, con los países de Europa Occidental entre los principales países de demanda.

La Oficina Europea de la Policía EUROPOL ha llegado a la conclusión de que los Países Bajos encabezan la lista debido a su legalización de la prostitución. La legalización ha convertido a los Países Bajos en un destino seguro para los traficantes de sexo a medida que las víctimas son vendidas en burdeles legales, explica Hannah Bondi. De hecho, esta evaluación está respaldada por otros expertos que han encontrado que, en 150 países, los estados que legalizan la prostitución constantemente tienen tasas mucho más altas de tráfico sexual. Después de que Alemania legalizó la prostitución, también experimentó un fuerte aumento en la trata de personas. Este modelo legal ha llevado a la normalización de la prostitución, creando más demanda y facilitando que los traficantes escondan a las mujeres y niñas esclavizadas dentro de la industria del sexo comercial.