El Gobierno y el Partido Popular han echado el resto para conseguir un triunfo incontestable en las elecciones gallegas. En materia económica han sido innumerables las promesas y acuerdos establecidos poco antes de los comicios, siendo especialmente relevantes el alcanzado con la petrolera mexicana Pemex (un acuerdo entre países más que entre empresas ya que la petrolera es de titularidad pública) para construir dos buques en los astilleros Barreras y Navantia, y el regalo electoral anunciado por el ministro de Industria, José Manuel Soria, a la multinacional estadounidense Alcoa de seguir con la subvención del coste energético, mientras no atendía la razones de 15 patronales industriales, que todos los viernes informan a la opinión pública sobre las desastrosas medidas tomadas por el ministro en materia energética, que les condenan a un futuro incierto.
Este regalo de Soria, del que se beneficiarían otros dos grandes consumidores, la siderúrgica Arcelor y la metalúrgica Asturiana, se añade a los multimillonarios pagos que el Estado le ha concedido a la multinacional estadounidense productora de aluminio, que solamente en los últimos cuatro años superan los 222 millones de euros.
Este dineral es el resultado de la penosa gestión privatizadora de la compañía Inespal, realizada hace 15 años por el trío, Josep Piqué, entonces ministro de Industria, y sus lugartenientes, Francisco Prada Gayoso y Pedro Ferreras, a los que Piqué dio los mandos en Industria, tras tenerlos al primero como interventor en la suspensión de pagos de Ercros, la mayor de España en su época, y al segundo como jefe de la asesoría jurídica.
En el contrato de venta a Alcoa, el equipo de Industria del Gobierno del Partido Popular que encabezaba José María Aznar, prometía a los estadounidenses que el precio pagado, 380 millones de euros, lo podrían recuperar con subvenciones al coste energético, la principal partida de gasto, además de la materia prima, en la producción de aluminio.
Ahora viene el ministro Soria y quince años después de la venta, y cuando ya ha expira el plazo de subvención, promete a Alcoa que España le seguirá manteniendo el chollo que ha sido esta filial. Todo ello en un contexto de claro incumplimientos por parte de los estadounidenses en materia de medioambiente y empleo, muy inferior ahora al que había cuando se privatizó.
Habrá que esperar, probablemente sentados, a que el ministro Soria conteste en el Congreso alguna interpelación al respecto. Los ciudadanos deberíamos saber cuánto dinero ha sacado Alcoa del negocio español, que el gobierno de Aznar le regaló en 1998, y cuáles son las razones para subvencionar al capital extranjero en detrimento del español, más allá de las electoralistas que todos conocemos.
El presidente de la filial española de Alcoa, José Ramón Camino, ha realizado una labor de presión sobre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y el ministro Soria, aprovechando la crítica situación de la economía española, para que le caiga otra breva como la de la época del ministro Piqué. Luz y taquígrafos en esta ayuda, que huele muy mal, y equidad y transparencia en las subvenciones energéticas.
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