El Tribunal de Cuentas Europeo presentó ayer el informe de auditoría del presupuesto del año pasado, en el que denuncia que las cuentas tienen ‘errores’ cifrados en el 4,8% del gasto de 140.000 millones de euros, lo que supone casi 7.000 millones, un incremento sobre el año anterior, donde las ilegalidades alcanzaban al 3,9% del gasto.
Entre los errores habituales figuran los pagos de gastos no subvencionables o la realización de adquisiciones de bienes y servicios o de inversiones sin la adecuada aplicación de las normas de contratación pública. La subida de las irregularidades del año pasado, que van desde fraudes, a proyectos ilegales o no elegibles para ser subvencionados, es la cuarta consecutiva desde el 3,3% de 2009, año en el que tocó suelo el descenso que se produjero desde el 7,3% de 2006.
El gasto equivalente al 4,8% del presupuesto, casi 7.000 millones, no está justificado
Resulta sangrante que en época de austeridad sin precedentes en los Estados miembros, la UE haya malgastado por unas razones u otras casi el 5% de su presupuesto total. Sin embargo, el TCE ha criticado los casos en que las autoridades de los Estados miembros disponían de información suficiente para haber detectado y corregido los ‘errores’ antes de solicitar el reembolso con cargo al presupuesto de la UE.
La frecuencia de los errores en los procesos y proyectos auditados es muy alta, alcanzando el 69% en los programas de Desarrollo Rural, Pesca y Medioambiente, con un coste del 7,9% del presupuesto de este apartado. Le siguen, Política Regional, Energía y Transporte, con el 6,8% de su presupuesto afectado, y detrás Investigación, Agricultura, Relaciones Externas y Empleo.
España aparece citada en el informe en varias ocasiones. En primer lugar, las cuentas del año pasado registran una corrección financiera de 1. 800 millones de euros aplicada a la utilización de fondos de la política de cohesión en España en el período 2000- 2006, la mayor corrección individual registrada en 2012 (49 % del total). La Comisión propuso la corrección en 2008, con el fin de remediar insuficiencias en la gestión e incumplimientos de normas de contratación pública.
Las autoridades españolas acordaron la corrección al cierre del programa en 2011 y 2012. Por esta razón aparece en la fiscalización del ejercicio pasado. Al margen de pequeñas irregularidades en los fondos de pesca y el fondo social europeo, y cierta falta de coordinación con otros países en los progamas de ayuda alimentaria, España es amonestada más severamente por la solicitud de ayudas para tierras no admisibles. “Algunas parcelas de referencia declaradas como pastos permanentes y que recibieron ayudas como tales estaban en realidad total o parcialmente cubiertas de rocas, o de bosques y matorrales tupidos, por lo que deberían haber sido excluidas de la ayuda europea”, subraya el informe.
España recibe una tarjeta roja por un proyecto de irrigación en Andalucía que incumplía todas las exigencias
La tarjeta roja corresponde a un proyecto subvencionado en Andalucía, donde un beneficiario recibió una subvención de 1,4 millones de euros para modernizar la infraestructura de irrigación con dos condiciones: el proyecto debía ser viable económicamente y el consumo de agua, igual o inferior a los 3 000 m3 por hectárea y año que consumía el beneficiario cuando solicitó la subvención. El Tribunal constató que no se había cumplido ninguna de las dos condiciones. El proyecto no era económicamente viable en el momento de la concesión de la subvención y debería haber sido rechazado, pues para cumplir esa condición habría sido necesario un consumo de agua superior a 6 000 m 3 por hectárea y año, o sea, el doble de los derechos al agua con que contaba el beneficiario en ese momento. Este caso está siendo investigado por la Comisión.
El Tribunal también ha hallado otros casos de incumplimiento de las normas sobre contratación pública y errores en la inclusión del IVA no subvencionable, también en Andalucía. La auditoría también ha encontrado estimaciones de costes poco realistas en proyectos de fondos de desarrollo regional e irregularidades en siete proyectos de Fondos de Cohesión. También en un proyecto de formación, el Tribunal ha detectado una “asignación incorrecta de gastos generales”, sobrevalorados en un 2,3% del total del importe auditado. Por último, los auditores de Bruselas identificaron errores cuantificables en 5 operaciones de un programa operativo en Valencia.
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