El Tribunal de Justicia de la Unión Europea pretende duplicar el número de jueces

La reforma del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que contempla duplicar el número de jueces de 28 a 56 (dos por país de la UE), con el argumento de “una justicia más rápida en interés de los ciudadanos” es objeto de gran controversia. Desde el Tribunal se argumenta como ineludible la petición de más jueces dado que los casos se han incrementado de 398 en 2000 a 912 en 2014, lo que dilata la resolución de los procesos y supone el pago de cuantiosas multas. Sin embargo, varios jueces se han pronunciado de manera tajante en contra de la reforma. “Debe ser congelada durante tres años, ya que no hay urgencia en absoluto. En el presente contexto es manifiestamente desproporcionada”, explican y razonan en el documento solución de ayer para el problema de ayer ‘.

El costo total de la reforma, cifrada en 13.875 millones de euros por año, es calificada de “desperdicio de dinero público” por el eurodiputado liberal portugués António Marinho. A estos cuantiosos recursos habría que sumar 168m € para la construcción de una nueva torre, un gasto que sin embargo se justifica por la necesidad de personal ‘repatriado’ que han estado trabajando en los edificios prefabricados desde el año 1999.

La productividad del  personal se hundirá

Los catedráticos Alberto Alemanno y Laurent Pech, partidarios de la reforma del sistema judicial de la UE, sostienen que la productividad ha disminuido a pesar del aumento gradual en el número de los jueces. “La duplicación de los jueces es una distracción innecesaria de cuestiones menos visibles y posiblemente más decisiva, tales como la gestión de casos y la productividad por unidad de personal”, argumentan. Alemanno y Pech sostienen que esos desafíos, abordados adecuadamente, muy probablemente traerían beneficios duraderos a la institución sin que ello suponga una reestructuración radical del sistema judicial de la UE.

Comparten, además, la opinión defendida por un número de jueces de la UE que ya dejaron clara su posición. En su momento señalaron que la reforma sugerida requerirá una enorme cantidad de tiempo y energía. “Gran parte del beneficio teórico de nombrar a 28 nuevos jueces se perderá hundido en la ciénaga de una organización más compleja, nuevas estructuras para proteger la coherencia de la jurisprudencia, la compensación por la salida de elementos calificados de personal, rotaciones adicionales entre cámaras, etc. Sobre la base de la experiencia pasada lo único que se puede predecir con absoluta certeza es que la productividad por unidad personal se hundirá considerablemente”.

Gran retraso para procesar casos complejos

Desde el Tribunal reconocen el retraso para procesar casos complejos, especialmente los económicos. Y hacen hincapié en que la duración excesiva de la resolución de los procedimientos judiciales conlleva infracciones, según el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales. En el último año se registraron cinco demandas por daños y perjuicios por un importe de 26,8 millones de euros que tendrían que ser abonados con cargo al Presupuesto de la UE. El costo total de la reforma asciende a 13.875 millones de euros por año, lo que representa aproximadamente el 0,01% del presupuesto de la UE (135.000 millones de euros). En comparación con el coste de la reforma que se propuso en el año 2011, desde el Tribunal señalan que representa un incremento del 23%, mientras que la carga de trabajo durante el mismo período aumenta un 43%. “Es importante señalar en este contexto que, si la decisión no se toma pronto, la situación empeorará rápidamente en detrimento de los ciudadanos de la UE y el presupuesto de la UE”, subrayan en un documento en el que argumentan su propuesta.

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