El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se tendrá que posicionar sobre una denuncia climática contra 33 países que incumplen los acuerdos de París

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos afronta una demanda climática sin precedentes interpuesta por seis jóvenes portugueses contra 33 paíes, que obtuvieron la financiación para llevarla a cabo a través de una captación de fondos entre la gente (crowdfunding), en una acción coordinada por la red Global Legal Action Network (GLAN), según ha informado Climate Home News.

Los países demandados son los 27 de la Unión Europea, más Reino Unido, Suiza, Rusia, Ucrania, Noruega y Turquía. Los abogados de la demanda la justifican por el hecho de que ninguno de los demandados cumple con los planes que permitirían, según lo acordado en París mantener el calentamiento climático por debajo de los dos grados centígrados.  Utilizando datos de Climate Action Tracker, los demandados en caso de que el resto del mundo siguiera su ejemplo elevaría la temperatura hasta duplicar el objetivo.

Los portugueses están muy concienciados con el cambio climático tras sufrir este año el verano más tórrido en noventa años, y sufrir constantes incendios, como el que disparó la preparación de la demanda en 2017, que causó la muerte de más de 120 personas. El hecho de que se hayan tardado tres años hasta la interposición se ha debido a la búsqueda de financiación y la complejidad jurídica, ya que el Tribunal Europeo exige que antes de acudir a sus premisas se agoten los procedimientos legales en el país afectado y que el derecho climático sea  integrado en los Derechos Humanos.

Los abogados de los demandantes alegan que el Tribunal debe aplicar una excepción a la regla de agotar los procedimientos jurídicos nacionales, ya que sería interminable e impracticable económicamente hacerlo en los 33 países. Además hay tribunales británicos y alemanes que han rechazado las denuncias de activistas para forzar a los gobiernos a tomar las medidas radicales necesarias. Observan un caso que les favorece y no es otro que la decisión del Supremo de Holanda que ordenó al gobierno a tomar medidas con carácter inmediato de reducción de emisiones justificando su fallo en la línea de los derechos humanos.

La aceptación de la demanda sería un triunfo considerable para el activismo  medioambiental, ya que podrían utilizarla como base en las denuncias locales de carácter medioambiental.