17-05-2012
Gonzalo Garteiz
El gobierno argentino encabezado por Cristina Fernández mantiene la presión sobre las multinacionales que operan en el país, con el fin de evitar que repatríen capitales, aumenten sus inversiones y presionen sobre la inflación con subidas de tarifas. La última damnificada es la española Endesa, presidida por Borja Prado y controlada por la italiana Enel. El presidente de la compañía italiana, Fulvio Conti, había hecho un llamamiento a Buenos Aires para que permita subidas del precio de la electricidad ante las pérdidas que está cosechando Edesur, filial de Endesa.
Un alto cargo del Gobierno, Roberto Baratta, lanzó un claro mensaje a Endesa la semana pasada diciéndole que “no puede primar la lógica de la ganancia inmediata” y que debe tener en cuenta que desde 1.992, año de la privatización, la compañía cuenta con una concesión de 95 años, prorrogable a 100 años, por lo que las cuentas deben mirarse con perspectiva. “Es necesario poner en la balanza lo que ha pasado en los primeros 20 años de la concesión, porque se trata de negocios de largo plazo en donde no puede primar la lógica de la ganancia inmediata, más cuando ya se ha recuperado la inversión y se han entregado dividendos mientras la empresa mantiene su valor patrimonial”.
En definitiva, el Gobierno le ha dicho que hasta que estalló el corralito, el grupo Endesa de Argentina, compuesto por 6 compañías que operan en todas las áreas del sector eléctrico, ha ganado 800 millones de dólares, cifra superior al precio pagado en la privatización. La situación actual comienza a ser bastante crítica, y de hecho, Petrobras, la petrolera estatal brasileña está dispuesta a salir de Edesur, donde tiene el 48,5% del capital, siendo el resto de Endesa. Según el diario Clarín, la brasileña le ha ofrecido ese paquete a Endesa a un precio de 40 millones de dólares, la quinta parte de lo que presuntamente valía hace cuatro años, y que es el dispuesto a pagar por el argentino Carlos Miguens Bemberg, ex peso pesado de la cervecera Quilmes.
Edesur ha presentado al Gobierno unas cuentas con pérdidas de 461 millones de dólares el pasado año y de casi 200 millones un año antes. Buenos Aires ha dicho que las cuentas hay que verlas de manera consolidad y pone en duda que sean ciertas. Petrobras ha vendido en los últimos tiempos su refinería de San Lorenzo y una distribuidora de alta tensión, Transener, además de haber advertido al gobierno de Cristina Fernández que no está interesada en invertir más en hidrocarburos, después de que le expropiaran una concesión.
