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Lobbies

España es el país más opaco de Europa: ni Ley de Transparencia ni registro de lobbies

19-03-2012

España es el país más opaco de toda Europa a la hora de posibilitar el acceso a la información de sus ciudadanos: aún no cuenta ni con una Ley de Transparencia, ni con un registro de lobbies. Mientras los políticos se echan la culpa de este retraso, al pueblo se le oculta desde la financiación de los partidos políticos a las cuentas detalladas de la Casa Real y de otras instituciones relevantes. Navarra es la única comunidad autónoma en la que su  Gobierno ha  dado luz verde a una Ley de Transparencia, pendiente de ratificación por el Parlamento foral.

La semana pasada el Congreso de los Diputados decidió no aprobar, con los votos negativos del Partido Popular, la Ley de Transparencia (esta vez a petición del PSOE, que no la refrendó cuando estaba en el Gobierno) ni el registro de lobbies (solicitado por Izquierda Plural y rechazado también por el PP y otras formaciones políticas). España se alinea en oscurantismo con Luxemburgo, Chipre y Malta, países europeos  en los que tampoco hay luz ni taquígrafos. Por el contrario, los ciudadanos de Estados Unidos, Reino Unido, países nórdicos, Bulgaria y varios países latinoamericanos tienen libre acceso a toda la documentación que obra en poder de sus gobiernos (salvo los datos relativos a la intimidad de las personas o a la seguridad nacional).

A finales de diciembre Joan Tardá de Esquerra Republicana preguntó al Gobierno sobre si el dinero destinado a la Casa y Familia Real en los Presupuestos Generales del Estado debe estar sujeto a una futura Ley de transparencia e información pública. Al hilo del escándalo protagonizado por Iñaki Urdangarín, yerno del Rey, menudearon las preguntas de esta formación política al Gobierno: ¿es necesario informar al Congreso de los Diputados sobre el caso de posible corrupción que afecta a un miembro de la Familia Real? ¿Cree el Gobierno español necesario conocer los bienes o activos financieros adquiridos por Juan Carlos de Borbón con la partida presupuestaria para su sostenimiento y el de su Casa y Familia? ¿Cree el Gobierno español que, si la Jefatura de Estado no la ostentara un Rey, la cantidad asignada sería la que recibe actualmente?…

El Gobierno de Navarra ha sido pionero en España en presentar un Proyecto de Ley Foral de la Transparencia y del Gobierno Abierto, pendiente de aprobación por su Parlamento.  Una vez aprobada la ley, la Administración foral deberá informar en su web sobre las retribuciones, actividades y bienes de los miembros del Gobierno de Navarra y altos cargos de la Administración. El proyecto regula, además, que los beneficiarios de una subvención tendrán que comunicar a la Administración la información sobre las retribuciones de sus órganos de dirección y de gobierno para que se puedan hacer públicas. Igualmente se dará a conocer el número de liberados sindicales existentes en los distintos departamentos y organismos públicos, así como los costes que estas liberaciones generan para la Administración. Otra información que necesariamente se hará pública se refiere a los presupuestos, cuentas con grado de ejecución, gastos en campañas institucionales, acuerdos relacionados con la creación y fundación de sociedades y fundaciones públicas, listas de contratación temporal, extractos de acuerdos o directrices y circulares que se consideren del interés general para la ciudadanía.

No al registro de lobbies

Los ciudadanos tienen derecho a saber a qué intereses responden nuestros legisladores y el Gobierno. Por ello es necesaria la transparencia en la actuación de los lobbies, entendidos como grupos de presión que defienden intereses particulares y no generales. Estos importantes poderes fácticos, por su posición preeminente, disponen de capacidad de influencia en la toma de decisiones públicas que no está sometida a ningún control democrático pero que influye decisivamente en la actividad política. Este era el eje argumental de la exposición de motivos de Izquierda Plural al presentar al Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley (rechazada por los populares) para la creación de un registro de grupos de intereses.

El portavoz del PP, Santiago Cervera defendía en su blog, recogido en la sección de opinión de La Celosía,  el voto negativo de su partido: “De una parte, el de la literalidad de la proposición presentada, que no era aceptable. Pedía crear una comisión parlamentaria de control, lo que no tiene parangón en ningún parlamento europeo, y además encomendaba al Gobierno regular algo que corresponde estrictamente al Parlamento, sin atender la lógica separación de poderes. La votación no podía ser otra que un no”. En twitter, Joan Coscubiela ‏ diputado ICV Catalunya, dejaba este mensaje: “Dudo de sinceridad del PP en Ley de transparencia. Han votado en contra de regular lobbies y tienen alta dependencia de la manipulación y la mentira.

“Desde MAS Consulting consideramos que la Proposición No de Ley  presentada por Izquierda Plural tenía puntos positivos. Es necesario que este asunto sea abordado por PP y PSOE para que realmente se le dé un impulso. Los populares han argumentado que al poder Ejecutivo no le corresponde cómo deben funcionar las Cortes Generales, apelando a la separación de poderes. Los profesionales de la representación de intereses esperamos que se incluya algún punto relativo al registro en la Ley de Transparencia que ya está redactando el Gobierno. De cualquier manera, siempre queda la opción de que se desarrolle este registro como normas del Reglamento del Congreso”, explica Santos Ortega Director de Asuntos Públicos de MAS Consulting Group.

Y mientras en España seguimos a la cola en transparencia, en Bruselas funciona un registro de lobbies en el que están inscritas muchas empresas españolas.  Repsol recoge en su web este hecho y deja claro de que contribuirá a una mejor defensa de sus intereses.

El veto al acceso a la información propicia que, de momento, a los españoles les llegue la información con cuentagotas, como cuando se enteran de que treinta diputados aún no han presentado su declaración de bienes a la que están obligados, según art. 18 del Reglamento de la Cámara. Y al no existir leyes aprobadas, la solicitud de información se hace, por regla general, mediante la recogida de firmas. Como las enviadas al Tribunal de Cuentas para que haga públicos los datos de financiación de los partidos políticos.

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