31-07-2012
Esperar a la Constitución es lo que en la actualidad le ocurre a poderes públicos y a particulares para intentar ver satisfechas sus pretensiones. Pero esta espera se hace desesperadamente prolongada hasta que la norma suprema pueda desplegar sus efectos. No solo frente a una ley recurrida ante el Tribunal Constitucional, o en relación a los conflictos competenciales entre el Estado y las Comunidades Autónomas; sino también con respecto a sentencias de los órganos judiciales que el ciudadano considera lesivas de sus derechos fundamentales. Es una obviedad, pero cuando una constitución se aplica tarde por la jurisdicción constitucional encargada de asegurar su eficacia jurídica, el Estado democrático tiene un problema grave. Artículo completo.
