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Espinosa de los Monteros deberá vencer la resistencia de las autonomías para implantar la ‘marca España’

02-07-2012

El empresario Carlos Espinosa de los Monteros empieza a sufrir el desgaste que lleva aparejado ser el Alto Comisionado de la ‘marca España’, con rango de Secretario de Estado. En medios considerados minoritarios menudean las críticas que le acusan de germanófilo, por haber sido presidente de Mercedes Benz; de hacer apología del neoliberalismo, premiar a Esperanza Aguirre, y auspiciar una campaña contra los impuestos, como vicepresidente del think tank Civismo, o de representar a la ‘rancia’ Grandeza de España como marqués de Valtierra. Su mayor activo es ser vicepresidente de Inditex, la empresa española con mayor reputación mundial. Pero este argumento empieza a no ser válido.

Las mayores dificultades para su tarea proceden de entornos gubernamentales.  “Promocionar la imagen de España no es algo que le siente muy bien a las 17 comunidades autónomas. En concreto, los gobiernos catalán y vasco prefieren vender su propia imagen y sus propias marcas, en lugar de aparecer bajo el paraguas español”, era el diagnóstico emitido hace cinco años por un analista del Real Instituto Elcano, cuya presidencia de honor ostenta S.A.R. el príncipe de Asturias. Este think tank iba a ser, en principio, el impulsor de la ‘marca España’. Un juicio aún válido por lo que parece. Hace tan sólo quince días los empresarios vascos tomaban distancias con la ‘marca España’, mientras que en Catalunya defendían la ‘marca Barcelona’ como referente de esta comunidad.

“Hasta ahora, la “marca España” ha estado fuertemente vinculada al turismo y la construcción, y no tanto al papel que desempeñan determinadas empresas multinacionales españolas en el suministro de servicios básicos –agua, energía y telecomunicaciones– o en la producción de ciertos productos manufacturados de alta gama. En ocasiones, se trata de líderes mundiales que no son necesariamente identificados con España, lo cual es atribuible en parte a la voluntad de las propias transnacionales que operan en mercados de productos y servicios de alta sensibilidad política –particularmente en países en desarrollo o emergentes– y que, por ello, han optado por el “anonimato” para evitar conflictos políticos y sociales y acusaciones de prácticas “neo-colonialistas”. Duro diagnóstico este de  Elcano, realizado nada más tomar posesión el nuevo gobierno.

El Alto Comisionado, según el real decreto publicado, tiene rango de Secretario de Estado, a los efectos de representación y protocolo, y sus funciones no son retribuidas. Tendrá derecho a indemnización por los gastos de viaje, estancias y traslados que le origine el desempeño de sus funciones, de acuerdo con el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. Depende funcionalmente del Presidente del Gobierno, a través del Consejo de Política Exterior, y orgánicamente del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

 

 

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