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Estados Unidos considera ilegal el dinero de empresarios ligados a la familia Kirchner

19-03-2015

a pesquisa por la llamada“ruta del dinero K” cobra velocidad inusitada. En una de sus primeras opiniones sobre el caso, el juez estadounidense Cam Farenbach urgió a la liberación de nuevos documentos y dio indicios de compartir la tesis de los fondos denunciantes en el sentido de que empresas atribuidas a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López en los Estados Unidos “podrían tener activos” pertenecientes a la Argentina.

“Un ladrón no adquiere derechos de propiedad sobre lo que roba”, recordó el juez, al señalar que, de comprobarse esa tesis, los bienes serían de la Argentina y no de esos empresarios allegados a la presidenta Cristina Kirchner.

El fondo NML, de Paul Singer, aportó “sospecha razonable para creer” que tanto López como Báez poseen bienes de la Argentina”, indicó el magistrado en un largo documento.

Farenbach se hace luego eco de la teoría del fondo buitre NML de que “López, Báez y sus entidades podrían ser ladrones”, argumento con el que le reconoce la facultad de seguir reclamando documentación probatoria, más allá de la queja de los investigados.

Expresada en 27 páginas, la declaración del juez no es definitiva. De hecho, en ella pide más prueba y urge a la liberación de más documentos.

Pero ofrece una novedad importante: por primera vez empieza a inclinarse por la tesis de los fondos denunciantes en el sentido de que el entramado de empresas que se atribuyen a Báez y López podría haber actuado como canalizador de bienes obtenidos de forma ilegal.

En el mismo documento, el magistrado toma una decisión no menos importante para la pesquisa. Determina allí que las empresas MF Corporate, con sede en Nevada, y el estudio Mossack Fonseca, con sede en Panamá, son una misma cosa.

“MF Corporate es el álter ego de Mossack Fonseca”, dice el juez. El dato implica que, a través de la primera, con sede en Nevada, se podría demandar información al estudio panameño, donde los buitres sospechan que está el epicentro informativo del esquema de empresas que atribuyen a Báez.

Para determinar ese vínculo el juez se apoyó en buena medida en el testimonio de la llamada “testigo clave” Patricia Amunategui, cuyo relato sirvió para corroborar el modo de actuar que los buitres sospechaban en cuanto al registro de empresas “fantasma”.

En su larga declaración, el juez norteamericano hace también un reconocimiento al fiscal José María Campagnoli, de quien recuerda que fue el primero que tuvo esta pista y a quien se intentó apartar del cargo apenas se supo que trabajaba en la llamada “ruta del dinero K”, tarea en la que fracasó la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

Además de mostrarse proclive a la tesis de los fondos de que podría haber dinero de corrupción escondido a través de Nevada, el juez dispuso una nueva fecha tope para la difusión de documentos que ahora están protegidos por un paraguas de confidencialidad.

La fecha límite que dispuso es el próximo 20 de abril. Entre los documentos por liberarse figuran archivos bancarios del banco suizo UBS. La entidad los produjo, según su propia declaración, como “respuesta” a una demanda de los fondos buitre “sobre Lázaro Báez y entidades afines”.

Abierto hace menos de un año, en junio pasado, el expediente de Nevada es una herramienta con que el fondo NML, de Paul Singer, intenta localizar activos ocultos de la Argentina para, una vez identificados, procurar embargarlos y, con eso, cobrarse la deuda que el gobierno argentino se resiste a pagar.

Al margen de eso, es también una herramienta de presión para llevar a las autoridades a negociar el pago del fallo que les reconoció la justicia de este país.

Abogados que vienen siguiendo el caso llamaron la atención sobre la velocidad que está tomando la causa. De hecho, esta resolución de Farenbach se produce apenas una semana después de la audiencia de partes que tuvo lugar el lunes de la semana pasada. Esa celeridad fue una sorpresa para todos.

Horas después, el juez dispuso la liberación de más documentos. En ellos figuran nuevos registros de movimientos bancarios, así como alusiones a las demandas de información enviadas a 29 bancos. Hasta ahora, sólo una quincena suministró respuestas.

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