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FCC y Ferrovial, cogidas de nuevo en un grave renuncio por un cártel desmontado por Competencia

07-08-2012

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC), presidida por Joaquín García Bernaldo de Quirós (en la foto), mantiene una actividad frenética contra los abusos de posición dominante y especialmente contra la práctica más dañina para la libertad de mercado, la formación de cárteles que fijan precios y de esta forma obligan a pagar más de lo necesario en última instancia a los ciudadanos. Ayer, hizo pública una sanción de 16 millones de euros contra siete empresas por formar un cártel en el sector de la construcción, nada menos que durante 14 años, en los mercados de postensado y geotecnia.

Esta gravísima actuación, que ha costado mucho dinero a la Hacienda pública por haber afectado a obras públicas, tiene como protagonistas, además de a la empresa que decidió chivarse a cambio de clemencia, la alemana Dywidag Sistemas Constructivos, a las también extranjeras CTT Stronghold y Freyssinet, dos pymes españolas, Mekano4, de Rafael de la Sotilla, VSL-Spam, una sociedad mixta del grupo Hermagar (hermanos García González) y VSL, y lo que resulta especialmente grave, al ser dos sociedades que cotizan en Bolsa, las filiales de FCC, BBR Pretensados y Técnicas Especiales, y de Ferrovial, Técnicas del Pretensado y Servicios Auxiliares.

FCC, que preside Esther Koplowitz, ya había sido cazada en un cártel del hormigón y los áridos en el Norte de España, a través de su participada Cementos Portland, sufriendo ésa una doble sanción, por participar en “el club” y por incumplir el deber de colaboración. FCC, tal como informó La Celosía, contaba ya con un código de ético que impide estas prácticas, pero no tuvo reparos en permitir que el presidente de la filial encausada en la época, Dieter Kiefer, ocupara la presidencia de la patronal cementera para más escarnio.

En cuanto a Ferrovial, presidida por Rafael del Pino, su filial Cespa ya fue sancionada por faltas muy graves de reparto del mercado de residuos sanitarios, y bloqueo de competidores, hace dos años, en un cártel en el que operaba concertadamente con la entonces filial de ACS, Consenur. La compañía de la familial Del Pino se dotó hace 10 años también de un código ético, que por lo visto (también ha estado envuelta en el caso de las comisiones del Palau) solamente sirve para salvaguardar la responsabilidad civil de la empresa.

Ninguna de las grandes constructoras-concesionarias españolas se ha librado de sanciones por abuso de mercado, fijación de precios o cárteles. La penúltima sanción ha correspondido a Acciona, que preside José Manuel Entrecanales, también acusada de cártel en el transporte marítimo, operado por su filial Transmediterránea. En octubre del año pasado, la CNC multó a 47 constructoras por cártel en el mercado de rehabilitación de carreteras, entre las que se encontraban OHL, presidida por el Marqués de Villar Mir, y ACS, comandada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Desde que se introdujo la posibilidad de que un integrante de un cártel pueda acogerse a la clemencia por el chivatazo y la colaboración en desenmascarar el delito, se han multiplicado las actuaciones de la CNC. Esta medida del perdón a cambio de la delación, se ha puesto en peligro por el riesgo de no poder proteger adecuadamente la  información que ofrece la empresa delatora en los casos judiciales.

En contra de lo que ocurre en otros países, donde los cárteles están gravísimamente penados, la Fiscalía no está actuando de oficio y tampoco las asociaciones de consumidores protegen adecuadamente a éstos, con reclamaciones civiles adecuadas por daños y perjuicios. Resulta increíble que empresas participantes en cárteles sigan contratando con el Estado.

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