El mensaje de ayer del nuevo rey de España, Felipe VI, en su proclamación ante las Cortes Generales deja mucho que desear en contra de lo declarado por todos los ‘pelotas’ que ya han surgido, como es el caso del expresidente Felipe González, que lo calificó de “muy correcto, de forma y de fondo”. Tan correcto de forma que las dos mayores preocupaciones de los ciudadanos, según el CIS, que son el paro y la corrupción, fueron palabras que el Rey no pronunció en ningún momento.
Felipe VI habló de “ciudadanos a los que la crisis económica ha golpeado hasta verse heridos en su dignidad como personas”. Debe referirse a los parados de larga duración. Dijo en ese mismo apartado del discurso que “tenemos el deber moral ….y el deber ciudadano ….., de que, en especial para los jóvenes, la obtención de un empleo sea una prioridad para la sociedad y el Estado”. Sin embargo, este Rey constitucional, tal como se declaró ayer, no debería poner esos adjetivos sino el de ‘constitucional’ que es el deber que marcan los artículos 40 y 41, en el que se ordena a los poderes públicos “realizar una política orientada al pleno empleo” y mantener “una Seguridad Social que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”.
Tampoco salió de su boca la palabra corrupción, aunque ayer mismo el GRECO, organismo del Consejo de Europa que lucha contra la corrupción, advertía en su informe de actividades del año pasado, por boca de su Secretario General, Thorbjorn Jaglan que “la corrupción es hoy en día la mayor amenaza para la democracia, y socaba la confianza de los ciudadanos en la Ley”.
La aplicación de la Ley de Transparencia a la Casa Real es la piedra de toque de Felipe VI
Habló Felipe VI de su convicción de que la Corona debe “observar una conducta íntegra, honesta y transparente”, se supone que para diferenciarse de su padre, en cuyo reinado difícilmente se puede sostener que encarnase esas cualidades. También recordó que los ciudadanos demandan “con toda la razón, que los principios morales y éticos inspiren, y la ejemplaridad presida, nuestra vida pública”. Muy bonito, pero ayuno de la rotundidad de las otras cualidades que concedió al discurso, “valiente y directo”, otro pelota, el también expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
El nuevo Rey, que tampoco utilizó la palabra transparencia, el mejor remedio sin duda para combatir la corrupción, tiene la gran oportunidad de demostrar que algo cambia con la aplicación profunda e inmediata en lo que le atañe a su Casa, de la Ley de Transparencia que se aprobó en diciembre del año pasado, pero que no entra realmente en vigor hasta el último mes de este año.
El Gobierno de Mariano Rajoy sigue incumpliéndola en su espíritu y letra. El pasado 10 de marzo, hace ya más de tres meses, tenía que haberse aprobado el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es el encargado de velar por su cumplimiento por parte de la Administración y las instituciones, incluida la Casa Real que nunca tuvo interés en integrarse en el proceso y lo hizo por la debilidad del momento. Estamos a finales de junio y el Gobierno no ha respirado, a pesar de que ante el citado GRECO ha justificado con esta ley su voluntad de luchar contra la corrupción.