Basic Income European Network (BIEN), fundada en 1986 para aglutinar los esfuerzos de ciudadanos, académicos y políticos en pro de una renta mínima universal, ha conseguido 40 años después que su utópica y descabellada idea sea tomada en serio e implantada en algunas comunidades, siendo Finlandia el primer país que la implantará, por un gobierno de derechas y si se aprueba en noviembre, el próximo año, y ahora puede dar un paso decisivo en Francia.
La semana pasada, el Conseil National du Numérique (CNNum), un órgano consultivo del gobierno francés integrado por 30 miembros independientes e integrantes del amplio espectro que conforma el sector de tecnologías de la información y la innovación, emitió un informe sobre el trabajo y el empleo en la nueva era digital ‘Les Nouvelles Trajectoires’, en el que se indica que la economía digital y sus variantes la colaborativa y la cooperativa de reparto, generan un impacto tremendo en el empleo. Diversos informes ya apuntan a porcentajes tan altos como el 40% los de empleos que la inteligencia artificial y robótica pueden asumir en poco tiempo.
No resulta extraño que el informe en el que se ha escuchado a medio centenar de sociólogos, sindicalistas, economistas y empresarios entre otros, proyecte una visión prospectiva sobre el empleo del futuro, el papel menguante del asalariados y el trabajo, cuya precariedad es preocupa, reclame una reflexión y un debate sobre la necesidad de que los ciudadanos puedan eliminar la angustia que genera el paro endémico con la garantía de una renta mínima universal que permita una vida digna.
El informe, muy completo, en su recomendación número 20, insta al gobierno francés a que realice “un estudio de viabilidad que incluya una simulación macroeconómica del tránsito hacia la renta universal, realizado por un grupo de economistas, estadísticos, fiscalistas, juristas”, en el que participen también las organizaciones que realizan ayuda social y los servicios del Estado encargados de la modernización de la la acción pública. Dice el informe que “este trabajo podría concluir con un modelo que se publique en la red, con una simulación de los efectos de una medida así sea universal o individual, para conseguir que el ciudadano comprenda mejor los efectos macroeconómicos de su implantación y cómo se financiaría según la cantidad escogida.
La economía colaborativa debe estar regulada con una nueva mirada legal
El Gobierno también debe llevar a cabo un trabajo de ciencias sociales sobre “los efectos en términos de sociabilidad de la separación parcial y permanente del ingreso y el trabajo”. También la cantidad de empleos que quedarían vacantes y el número de personas que se retirarían del mercado laboral y por cuánto tiempo, el grado de redistribución del trabajo y su impacto sobre el tiempo laboral, el tipo de actividades, remuneradas o no, hacia las que se encaminarían los ciudadanos con la ganancia de tiempo libre que una renta mínima concedería.
El CNNum recomienda regular bien las plataformas de economía colaborativa, cuyo ordenado desarrollo debe ser enriquecedor para el empleo ya que favorece la acumulación de actividades. Subraya el estudio que la relación entre el trabajo y la distribución de la riqueza debe ser entendida de una manera nueva, asegurar la protección de los trabajadores autónomos pero dependientes y exigir a los empresarios deberes en materia de protección social.
En la Unión Europea está inscrita ya desde el verano pasado como asociación internacional sin ánimo de lucro ‘Unconditional Basic Income Europe’ (UBI Europe), que es una red europea que agrupa el activismo sobre esta materia en 25 países y nación tras recoger más de 300.000 firmas una iniciativa ciudadana europea presentada en Bruselas en 2013, y que hace lobby con el objetivo de que al menos un país de la Unión Europea tenga implantada la renta básica mínima antes de 2020 y se convierta en un punto de discusión preferente en toda la UE.
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