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Globalvía y Lubasa denuncian el juego sucio en el aeropuerto de Castellón y aplazan el concurso

21-02-2012

Concesiones Aeroportuarias, la sociedad participada por FCC y Bankia a través de Globalvía, acordó ayer lunes aplazar la petición de concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos, a la espera de conocer la resolución judicial del conflicto que mantiene con el Gobierno valenciano y la Diputación de Castellón. La concesionaria, que ha sido apartada de la gestión de la infraestructura, ha demandado al Ejecutivo por incumplimiento de contrato y teme que éste trate de eludir sus obligaciones, que se cifran en el pago de 80 millones de euros como indemnización.

Concesiones Aeroportuarias celebró el pasado lunes una junta extraordinaria para debatir el futuro de la concesionaria. A petición de Globalvía, que tiene un 45 por ciento de las acciones, la sociedad estudió la situación financiera de la entidad, así como el estado de la concesión ganada en 2004, por un plazo de 50 años, y que en diciembre pasado fue bruscamente revocada.

La empresa se ha defendido además de las acusaciones formuladas la pasada semana por Carlos Fabra, director de Areocas, la empresa pública controlada por la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón, que responsabilizó a la concesionaria de los fallos detectados en la pista de aterrizaje de los aviones. En declaraciones a La Celosía, el vicepresidente de Concesiones Aeroportuarias, Pedro Gimeno, ha afirmado que la empresa se había comprometido a solventar las deficiencias en la plataforma de giro antes de diciembre de 2013, y ha negado que estos problemas, que obligarán a demoler una parte de la pista, supongan la cancelación de la acreditación pendiente que otorga la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA). Además, Gimeno estima que el coste de las reparaciones ascenderá a 200.000 euros, una cifra muy alejada de la que proporcionó Fabra la pasada semana, unos 600.000 euros.

La empresa sospecha que Fabra ha desvelado ahora los problemas en la pista en un intento de los poderes públicos de eludir el pago de sus obligaciones. De hecho, Fabra ofreció dos versiones sobre el momento en que la Generalitat conoció los fallos en la plataforma de giro. Mientras, en un primer momento, habló de abril de 2011, más tarde reconoció que conocía la existencia de esas deficiencias desde el año 2006.

Concesiones Aeroportuarias mantiene desde diciembre una agria disputa con la Generalitat después de que esta retirara un aval, la carta de patrocinios, que permitía afrontar diversos pagos al aeropuerto. Tras la retirada del aval, la compañía demandó en diciembre a la Generalitat por incumplimiento de contrato. Un día después, el Gobierno valenciano respondía rompiendo el contrato que la ligaba con la concesionaria por espacio de 50 años.

El aeropuerto de Castellón se construyó mediante este modelo de colaboración público privada con una inversión de 150 millones de euros, precio calificado de muy barato en comparación con otros aeropuertos como el de Ciudad Real. Según fuentes de la empresa, los accionistas privados han invertido unos 111 millones de euros, mientras que el capital público ronda los 40 millones de euros. Un grupo de bancos han proporcionado préstamos por valor de 30 millones de euros.

“Si no tienen dinero que lo digan, que paguen la infraestructura en 3 años, al tipo oficial”, aseguran en fuentes de la empresa. En estas fuentes afirman que la situación financiera de la empresa está “al borde del abismo”, lo que incluye casos como el de algunos accionistas que han comprometido “avales personales” para sufragar la construcción de la infraestructura, que permanece inoperativa pese a que fue inaugurada poco antes de las últimas elecciones autonómicas y municipales, en 2011. Aparte de Globalvía, otros accionistas son Lubasa, con un 30 por ciento; Bancaja, un 15 por ciento; y Abertis y PGP Group, con un 5 por ciento, cada uno.

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