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Latinoamérica

El Gobierno de Uruguay rechaza las demandas salariales de los funcionarios judiciales

08-04-2015

El vicepresidente de la República de Uruguay, Raúl Sendic, aseguró que las demandas de reajustes salariales que han planteado los jueces y funcionarios del Poder Judicial “no podrán ser contempladas a raíz de la situación económica del país”, de todos modos dijo que “ello no significa que haya una situación de dificultad, sino que se van contemplando los requerimientos y demandas según un equilibrio que debe haber de acuerdo a la distribución de los ingresos del país”.

Días pasados la jueza en lo civil de 19° Turno, Josefina Tommasino Ferraro, determinó que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo deberán hacer efectivo el pago del reajuste salarial del 26% a actuarios y judiciales, el cual fue aprobado por la Ley presupuestal del anterior gobierno y que no se hizo efectivo. Tras un extenso conflicto, en el cual los funcionarios judiciales, actuarios y registrales reclamaron el pago del 26%, el gobierno determinó, a través de una Ley modificativa, que el reajuste sería de 8%.

Los funcionarios judiciales presentaron un recurso, y en la Justicia falló a su favor. De este modo, la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio de Economía deberían pagar a unos 3.500 funcionarios judiciales y a unos 400 actuarios el ajuste salarial de 26%, lo que representa un incremento de 56 millones de dólares.

Se contemplan requerimientos y demandas

El pasado lunes, tras el Consejo de Ministros, el vicepresidente Sendic, aseguró que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, ha expresado a la Suprema Corte de Justicia que “todas las demandas que han presentado ministros, funcionarios, jueces y otros dependientes del Poder Judicial no pueden ser contempladas de acuerdo a la situación económica que el país tiene, como no pudieron ser contempladas en el gobierno anterior”.

De todos modos Sendic, explicó: “Ello no significa que haya una situación económica de dificultad, sino que se van contemplando los requerimientos y demandas según un equilibrio que debe haber de acuerdo a la distribución de los ingresos del país”.

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