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Guatemala plantea la reforma del Código Procesal Penal

19-06-2014

El próximo 1 de julio se cumplirán 20 años de vigencia del Código Procesal Penal, instrumento legal que permitió que los procesos judiciales se realizaran oralmente. Se pasó de un sistema inquisitivo a uno acusatorio. Sin embargo, los expertos aseguran que la norma ha quedado desfasada y ven la necesidad de realizarle una transformación completa.

En 1992, el Congreso aprobó el nuevo Código (Decreto 51-92), pero mientras se capacitaba a los operadores de justicia para su implementación no fue sino hasta el 1 de julio de 1994 que cobró vigencia. Así surgieron el Ministerio Público (MP), el Instituto de la Defensa Pública Penal y los Tribunales de Sentencia.

Guatemala fue el primer país de Latinoamérica en implementar el sistema acusatorio, el cual establece que el sindicado es inocente mientras no se demuestre lo contrario. La inocencia, la libertad y dignidad del acusado priman y el juez se convierte en un árbitro y garante de las investigaciones. El proceso es oral y público; la prisión es la excepción y no la regla. La prueba se produce en el debate.

El primer debate oral

En el departamento de Chiquimula, se llevó acabo el primer juicio oral y público el 25 de octubre de 1994, por el asesinato de Rubén Darío Flores Jiménez , estudiante del Instituto para Varones de Oriente (INVO) quien fue asesinado de un balazo por el agente de la Policía Nacional (PN) Mauro de Jesús Sandoval Paredes, en julio de ese año.

Ese primer juicio fue llevado a cabo en el Salón Obrero, de la cabecera departamental de Chiquimula, por el Tribunal de Sentencia integrado por Noé Moya García, quien lo presidió, y como vocales, Carlos Hugo Quevedo Flores y Baudilio Portillo Merlos, quienes condenaron al agente de la PN a 25 años de prisión.

Ese debate fue el parteaguas de un  arcaico sistema de justicia penal de rasgos coloniales cuya marca era la violación de los derechos humanos de los acusados. Desde entonces, el MP lleva a cabo las principales funciones en la administración de justicia, la investigación, la persecución penal, además de formular la acusación en nombre de la sociedad y el Estado y facilitar la figura del querellante adhesivo.

Pese a que el sistema implementado generó un nuevo esquema en la impartición de justicia, hoy académicos, jueces y fiscales ven que las instituciones no logran desarrollar en su totalidad el proceso penal y la implementación de la oralidad en algunos lugares no se da.

Urge replantearlo

El presidente de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial, Arturo Sierra, considera que el Código Procesal Penal ha tenido muchas reformas, pero ninguna de manera integral, por lo que este debe ser revisado en su totalidad para replantearlo. “Considero que ya debe ser modificado, abrogado en su totalidad”.

El decano de la facultad de Derecho de la universidad Da Vinci, Fredy Cabrera, indica que hace 20 años el Código era considerado el mejor de toda Latinoamérica, “pero ahora es uno de los peores”. “Realmente hemos retrocedido; pareciera un álbum de estampitas por todas las reformas que tiene, realmente lo que se necesita es un nuevo código”.

José Quesada, expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Organismo Judicial (OJ), asegura que el Código no funciona en la práctica y que los operadores de justicia lo divorciaron de la realidad guatemalteca. “Se requiere a un MP más grande: actualmente solo tiene presencia en 28% del territorio nacional, y la Defensa Pública ni siquiera en el 10%, por eso el código en un sentido técnico jurídico es mejor, pero en un sentido práctico no lo es. Al no tener los defensores y fiscales como se debe no sirve para nada”.

El exmagistrado de la CSJ Luis Fernández Molina considera que las reformas estructurales son necesarias pues por ahora la ley está “parchada”. “Actualmente parece un abanico al pegar con tape al final de la ley las reformas que se le han hecho, este tema merece una revisión y reforma”.

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